En el encuentro, las agencias como las autoridades de Paraguay señalaron la importancia del plan de convergencia que durante estos dos últimos años ha logrado sus objetivos de déficit fiscal.

En ese sentido, el ministro Llamosas manifestó que se espera continuar por la misma senda en el 2023 para finalmente lograr la convergencia plena al límite del déficit fiscal del 1,5% del PIB en el año 2024, como se estableció inicialmente.

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Adicionalmente, el ministro enfatizó los esfuerzos que viene se realiza en materia de reformas para fortalecer la institucionalidad fiscal, considerando al impacto positivo de estas medidas sobre la credibilidad de las políticas macroeconómicas.

Se mencionó uno de los avances, que fue la aprobación de la Ley de Suministros y Compras Públicas en diciembre de 2022, la cual apunta a lograr una mayor eficiencia y transparencia del Estado, así como redoblar los esfuerzos en pos de un desarrollo económico más inclusivo para el país.

Otra acción fundamental es la implementación del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI) con apoyo del Fondo Monetario Internacional.

El instrumento tiene tres pilares de acción:

1) Asegurar la estabilidad macroeconómica y proteger el marco de la política fiscal.

2) Mejorar la productividad y potenciar el crecimiento económico.

3) Mejorar la protección e inclusión social. Al respecto, se destacó que el citado instrumento viene avanzando bien y las metas cuantitativas estipuladas para diciembre de 2022 se cumplieron.

Respecto al PCI, las agencias calificadoras señalaron que en los últimos años Paraguay ha aprobado un paquete importante de leyes que contribuyeron a la institucionalidad y gobernanza del país.

En ese sentido, resaltaron que el PCI representa un fuerte elemento para la continuidad de las reformas estructurales previstas, y más aun de cara a las próximas elecciones generales.

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Finalmente, el ministro expuso que hay un fuerte compromiso en el cumplimiento de metas establecidas en el PCI, es así que continúa trabajando tanto con el FMI como con las instituciones del Gobierno, liderados por el Ministerio de Hacienda y el BCP, para el logro de los objetivos del instrumento y que los mismos continúen con el igual ritmo después de las Elecciones Generales previstas para finales de abril.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.