Unidad de Investigación, Nación Media

Un total de G. 2.196 millones en la ejecución de gastos en la Municipalidad de General Patricio Escobar fueron cuestionados en una fiscalización especial inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR). El informe contiene 27 observaciones que ponen bajo la lupa a la actual intendenta, María Cristina Espínola, considerando que su equipo político se adjudica las irregularidades en uso de fondos de la comuna.

La auditoría corresponde a los períodos del 2020 hasta setiembre del 2021, tiempo en que su difunto esposo, el ex intendente Elvio Ruiz Díaz, fallecido en abril del 2021, y el doctor Gabriel Sánchez eran los responsables de la administración del municipio. En la misma se estudió la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos provenientes tanto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como de royalties y otras compensaciones, según explica el documento.

Respecto a las observaciones realizadas, la administración actual del municipio realizó su descargo alegando que no cuenta con los documentos solicitados por el equipo auditor, en la mayoría.

De los 27 cuestionamientos no rebatidos por la Municipalidad de Escobar, 17 refieren a inconsistencias de documentos de pago por obras, 4 son por irregularidades en las entregas de kits alimenticios, 4 son por obras inconclusas, 2 de construcciones en terrenos privados y 2 casos de carga de combustible irregular.

La observación número 24 señala que la Municipalidad de Escobar pagó la suma de G. 148.811.546 “por obra inexistente”. Se trata de la construcción de un tinglado para la Escuela Básica San Roque González de Santa Cruz, de la localidad.

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El informe aclara que, pese a no ser construida, en la municipalidad intervenida se encuentra un acta de recepción definitiva de esta obra. Dicho documento tiene fecha del 31 de enero del 2021 y está firmado por el fiscal de obras, Rafael Flores, y por Cristino Jara, quien es propietario de la constructora contratada, Consultora San Miguel.

La observación número 8 del equipo auditor habla sobre el pago de G. 153.600.000 por un total de 1.200 kits de víveres, de los cuales apenas se constató la entrega de 276 kits. Es decir, que el equipo auditor no encontró actas de recepción u otro documento que respalde la entrega de los otros 924 kits restantes valorizados en G. 118.272.000.

Al respecto, el equipo auditor entrevistó sobre estos documentos faltantes a funcionarios de la Municipalidad de Escobar y las respuestas fueron que no cuentan con respaldo documental.

La observación número 10 habla sobre el pago de G. 85.351.000 sin informe de utilización en concepto de “combustibles y lubricantes”; por tanto, vía memorándum, el equipo auditor solicitó al municipio remitir copia de las facturas y un detalle de la utilización del combustible durante el período analizado.

Sin embargo, según se expresa en la conclusión del caso, el municipio pasó de largo esta solicitud y no remitió documento alguno.

Si bien la Contraloría consignó una serie de irregularidades en el municipio de Escobar, la intendenta parece estar más interesada en la campaña proselitista de la precandidata a gobernadora María del Carmen Benítez y del precandidato a presidente de la República Arnoldo Wiens, equipo al que también pertenece Gabriel Sánchez, ex intendente cuya gestión es cuestionada y quien pugna como precandidato a concejal departamental.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.