El comisario Juan Fretes, oficial de enlace de la Interpol, detalló que el operativo fue realizado por agentes de la Interpol y de la Policía Nacional mediante allanamientos, donde se logró la detención de cuatro presuntos implicados en un caso de pornografía infantil. Sin embargo, uno de ellos fue posteriormente liberado.

“En principio eran cuatro, pero luego una de ellas pudo salir en libertad, ya que no se pudo comprobar fehacientemente que esta persona adquirió ese material de abuso sexual infantil en línea”, expresó en contacto con la 1080 AM.

En esa línea, el comisario indicó que los otros tres detenidos estarían implicados en un caso de pornografía infantil, ya que presuntamente consumían contenido sexual infantil.

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Al respecto, acotó que este procedimiento en es la continuación al anterior que se llevó a cabo en junio pasado en la ciudad de Encarnación, ocasión en la fue detenido un hombre que presuntamente producía los contenidos de abuso sexual infantil. Recordó que aquella oportunidad, se incautaron teléfono celulares y memorias extraíbles del sindicado.

Posteriormente, se descubrió que el mismo distribuía los materiales a través de la red social Telegram, por lo que se pudo dar con las otras personas. Los costos de los videos o imágenes de abuso sexual infantil rondaban desde los G. 15.000 a G. 100.000, hasta G. 200.000, “de acuerdo con el gusto de la persona”, afirmó.

En cuanto a los compradores, el comisario dijo que en su mayoría son personas de 28 años para arriba y que, incluso, son comprometidas, casadas y profesionales, mientras que las víctimas tenían de 5 años en adelante.

Finalmente, advirtió que la investigación continúa, además adelantó se llevarán adelante otros  procedimientos para detener a más implicados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.