El fiscal Irán Suárez, de la Unidad N° 4 de Villas Hayes, intervino en la causa de una denuncia contra el padre biológico de una menor, un pastor evangélico y su esposa por supuesto abuso sexual.

El agente fiscal relató a radio Ñanduti que primeramente intervinieron funcionarios de la Codeni tras una denuncia presentada por dos vecinas de la víctima y el caso pasó a la Fiscalía el sábado 6 de marzo pasado.

Inmediatamente la menor, que ahora tiene 15 años, fue trasladada hasta el Departamento de Clínica Forense del Ministerio Público, donde fue inspeccionada y se constató evidencias físicas. Sin embargo, la adolescente se descompensó totalmente por lo que fue internada en el Hospital Regional de Villa Hayes.

A consecuencia de la descompensación de la menor, recién el domingo fue contenida psicológicamente, donde mencionó que hace días atrás sufrió el último ataque sexual.

“El relato de la niña es de terror. Se realizó su inspección y se constató que tuvo desgarros, su salud está muy deteriorada. Ella declaró que desde los 5 años su padre abusaba de ella diariamente y también la maltrataba. Además que un pastor evangélico y su esposa la coaccionaban sexualmente, quienes la obligaban a mantener relaciones sexuales y que incluso fue maniatada y filmada por la mujer”, expresó el fiscal.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó la rápida intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Turno así como del Juzgado de la Adolescencia de Turno, quienes actuaron para ayudar y buscar un hogar para la menor.

“Su madre la abandonó cuando era muy pequeña, quedó prácticamente sin hogar porque no encontramos ningún familiar. Tras la gestión del Viceministerio de la Niñez se encontró un hogar para ella, un albergue para menores”, refirió Suárez.

El representante fiscal libró la orden de captura contra los supuestos autores del hecho. El padre fue imputado por abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, en tanto el pastor y su esposa fueron imputados por coacción sexual y violación. Las tres personas quedaron detenidas y fueron remitidas a una penitenciaría.

Tras el allanamiento hecho en el domicilio del pastor, ubicado en el predio de la iglesia, incautaron varias evidencias como un aparato celular que será analizado. “Vamos a realizar la extracción de datos del celular, necesitamos de la orden del juez”, enfatizó el fiscal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.