Se trata de Rosana Itati Ávalos, argentina, de 51 años, domiciliada en Caazapá y que tenía varias ordenes de captura por la comisión de varios hechos punibles.

La denuncia la realizó el director del departamental del INDERT Heriberto Florentin, quien dijo que un colono de la ciudad de General Díaz dijo que entregó G. 25 millones a una mujer que se hacía pasar por funcionaria de esa institución y que se identificó como Rosana Ayala, con la promesa de darle unas tierras para que pueda plantar soja.

Sin embargo faltaba entregar otros G. 10 millones y para completar el pago se montó una entrega vigilada de parte de la policía. Cuando Rosana Ayala tomó el dinero fue detenida y llevada a sede policial donde se comprobó que en realidad se trataba de Rosana Ávalos.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.

Autoridades y funcionarios del TSJE encabezaron el acto de habilitación del quinto Centro Cívico de la ciudad de Asunción, ubicado en el barrio San Roque.

Derlis Larrosa, vicedirector del Registro Electoral, señaló que el objetivo de estos nuevos espacios es dar mejores servicios a los ciudadanos y estar a la altura de las exigencias que competen a la institución.

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Por su parte, Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales, señaló que, así como estuvieron en los diferentes procesos electorales, también estarán muy de cerca con la población y seguirán brindando su trabajo a las organizaciones sociales que así lo requieran.

Cabe recordar que la Justicia Electoral dispuso la reestructuración de las Oficinas de Registros Electorales, pasando a convertirlas en Centros Cívicos, a fin de ampliar las opciones para la ciudadanía.

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En estos espacios se ofrecen diversos servicios, incluyendo inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), recepciones de solicitudes del Voto Accesible, asesoramiento técnico y logístico a organizaciones intermedias y todo el acompañamiento a las instituciones educativas para las Pasantías Educativas, Laborales y Socio Comunitarias.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.