Uno de los representantes legales del Marcelo Pinheiro, alias Piloto, el abogado Jorge Prieto, sería supuesto cómplice del Comando Vermelho.

El mismo fue detenido (a pedido del fiscal Hugo Volpe) por las fuerzas de seguridad porque salió de garante de la abogada Giselle Gutiérrez, quien alquiló la casa del barrio San Vicente de Asunción, donde se encontraron armas de guerra enterradas y vehículos robados.

Supuestamente este arsenal estaba destinado al primer intento de rescate de Marcelo “Piloto”. Luego se descubrieron más planes de los criminales para liberar a su líder.

El mes pasado, el narcotraficante “Piloto” fue expulsado del país luego de haber asesinado a la joven Lidia Meza en el interior de su celda en la Agrupación Especializada.

Los trabajos se desarrollan en las inmediaciones del Banco San Miguel, donde actualmente se retira la estructura metálica de la última torre. Según el MOPC, las labores demandarán alrededor de tres días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Tras el desmontaje, se ejecutarán obras complementarias, entre ellas la demolición de las bases de hormigón y la reposición de la carpeta asfáltica en los sectores intervenidos. Esta estructura es la última de un total de ocho torres contempladas en el proyecto.

La intervención forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, que busca mejorar la infraestructura y recuperar espacios estratégicos para el desarrollo urbano de la capital.

Con la eliminación de las torres, cables aéreos y estructuras de transición, la Costanera Norte contará con un paisaje más despejado y liberará áreas con potencial para futuros proyectos urbanísticos, especialmente en el entorno del Parque Caballero y el Banco San Miguel.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio Tocsa-Tecnoedil, en coordinación con la ANDE y la Municipalidad de Asunción, con financiamiento del Banco Mundial. La inversión asciende a G. 67.091 millones.

Se trata del abogado Edgar Hernán Sosa, quien era uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la República y que ahora queda fuera del proceso de selección.

Esta decisión fue comunicada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún, luego de un análisis de sus antecedentes.

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De acuerdo con la nota suscrita por el senador, esta decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N.° 276/94.

Según se pudo constatar durante el análisis documental, Sosa había sido destituido en el año 2013 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a raíz de la liberación de un supuesto narcotraficante, de nombre Damián Álvarez Frutos, cuando se desempeñaba como juez en Ciudad del Este.

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A esto se suma el hecho de que Sosa omitió brindar esta información al Senado, afirmando nunca haber recibido sanciones administrativas, lo cual finalmente acabó corroborándose con una verificación más rigurosa.

Un total de 49 postulantes se inscribieron en el Senado para competir por los cargos de Contralor General y Subcontralor de la República para el periodo 2026-2030.

La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.

Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.

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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.

Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.

Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.

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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.

De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.