En entrevista con el programa “La Caja Negra” emitido por Unicanal, el expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy sostuvo que, tras haberse realizado el último pago de la deuda de Itaipú, finalmente se puede afirmar que el 50% de la hidroeléctrica es de Paraguay.

Según explicó, si no se hacía la renovación, la deuda iba a llegar a USD 60.000 millones, lo cual hubiera sido impagable. “Con esta negociación y al dolarizarse la deuda, teníamos la garantía de que se iba a establecer un equilibrio macroeconómico de las finanzas de Itaipú“.

En aquel entonces, se había hecho el cálculo de que, tal y como ocurrió, para el 2023 se habría finiquitado el pago de la deuda por la construcción de la central hidroeléctrica compartida por Brasil y Paraguay.

“Mucha gente decía ‘hay que pedir más por la compensación’, pero nosotros nos dedicamos a la deuda, pensando en que llegaría el día de discutir el Anexo C. ¿Cómo ese paraguayo designado para negociar se iba a sentir con Brasil debiéndole plata?, hoy se puede sentar tranquilo porque está jugando el partido de igual a igual“, sostuvo Wasmosy.

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A su vez, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, quien fuera presidente de la ANDE en la época en que se concretó la renegociación, resaltó este acontecimiento y sostuvo que, a pesar de haber sido tratados en su momento de “vendepatrias” o “traidores”, hoy se logró tener “deuda cero” gracias a aquel acuerdo.

Jorge Ayala Kunzle, exdirector paraguayo de Itaipú, señaló que Paraguay recibió en materia de recursos de la binacional cerca de USD 12.500 millones, lo cual incluye tanto la compensación por la cesión de energía a Brasil, royalties y el resarcimiento a la ANDE por las cargas de administración y supervisión.

Sobre la reestructuración de la deuda sellada en 1997, el expresidente Wasmosy explicó que cuando estaba en el gobierno hubo una alteración de los costos de Itaipú debido a la inflación existente en ese momento en Brasil. La deuda de USD 10.000 millones con Eletrobras saltó a USD 15.000 millones por culpa del Plan Real, por lo que se debía buscar un equilibrio macroeconómico conforme a lo que se facturaba y los pagos que se debían hacer.

A su vez, “Kencho” Rodríguez mencionó que en 1973 hubo una gran crisis mundial debido al petróleo, por lo que muchos países no querían otorgar créditos. Fue así como Eletrobras consiguió los fondos suficientes mediante préstamos internos para financiar la construcción de la hidroeléctrica.

En el año 1986 había bajado la tarifa, lo cual produjo una reducción del ingreso esperado de USD 468 millones para Itaipú. El exdirector jurídico de Ia ANDE, Adolfo Ozuna, negó que el monto esté cercano a los USD 4.000 millones que hablan cuando se menciona la deuda espuria de la binacional.

En aquel entonces se renegociaron 27 de los 129 contratos de préstamos que tenía Itaipú, con lo que se estableció un saldo deudor único de USD 9.766 millones con Eletrobras y los demás acreedores, expresó. De igual manera, quedaron pendientes resolverse otros contratos de préstamos con distintas monedas, vencimientos y cuotas.

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Ya en el año 1994, Itaipú decidió terminar con las deudas externas que no sean de Eletrobras. Tiempo después, apareció una deuda vencida de más de USD 4.200 millones, la cual tenía que ser negociada con la empresa estatal brasileña.

Respecto al informe de la Contraloría sobre la supuesta ilegalidad de la deuda, Rodríguez recordó que terminada la negociación y firmados los documentos en marzo de 1997, la ANDE remitió toda la documentación al ente, aunque luego asumió un nuevo contralor y cambió el dictamen inicial de su antecesor, afirmando que “todo estaba mal”.

Wasmosy cuestionó aquel dictamen de la Contraloría y al contralor que había asumido en ese momento, pues no se había acercado a Itaipú para hacer la revisión de las documentaciones existentes, exponiendo argumentos sin tener los fundamentos suficientes.

Ayala Kunzle también indicó que en el año 1997 se logró nuevamente el equilibrio financiero con la renegociación de la deuda, lo cual permitió a Itaipú empezar a aplicar el Anexo C del tratado luego de concretar su reglamentación, el cual no pudo concluirse porque Itaipú no podía entrar en operación comercial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.