En entrevista con el canal GEN, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destacó los primeros 100 días de gestión al frente de dicha cartera y el trabajo coordinado con las demás autoridades del gobierno.

“Obras Públicas es una cartera que es transversal a otras, somos un medio para un fin”, afirmó Claudia Centurión.

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Entre los aspectos destacados mencionó el compromiso para saldar la deuda heredada con las empresas constructoras, que supera los USD 350 millones, ya que con ello se garantizan más de 30.000 puestos de trabajo en el sector, permitiendo a su vez la prosecución de diferentes obras.

Sobre el punto, Centurión indicó que para noviembre se prevé pagar una parte de la deuda pendiente con un primer desembolso de USD 60 millones. Posteriormente en diciembre, se tiene la intención de abonar otros USD 100 millones.

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Asimismo, resaltó el inicio de las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pagar antes del cierre del mes el anticipo a las contratistas de la Ruta 12, a fin de dar inicio a los trabajos enmarcados en dicho proyecto vial.

La ministra también comentó que ya se han pagado más de G. 720.000 millones entre septiembre y octubre, lo cual permitió alcanzar un nivel histórico de ejecución presupuestaria en el MOPC.

Un día como hoy del 2025, cerca del mediodía en plena avenida Mcal. Estigarribia, Cinthia Riquelme caía de un colectivo de la empresa de transporte Caraguatay cuando faltaban cuadras para llegar a su destino, víctima del robo de un falso vendedor ambulante.

En ese mismo lugar, un año después, sus familiares y amigos llegaron para una manifestación pacífica en su memoria.

La madre de Cinthia la recordó como una mujer inteligente y trabajadora, que dejó huérfanos a dos niños, quienes viajaban con ella al momento del hecho.

Pidió que se castigue al responsable del hecho e hizo un pedido especial a las autoridades sobre los controles a vendedores ambulantes que abordan los buses.

Cabe recordar que el responsable del robo es Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, de 19 años, aprehendido días después del percance y hoy acusado por el Ministerio Público.

El chofer del bus también está sometido al proceso debido a que la unidad que manejaba iba con las puertas abiertas al momento del hecho. Asimismo, se determinó que la empresa de transporte no cuenta con seguro.

El presidente Santiago Peña este lunes encabezó la primera reunión del año con autoridades de las distintas instituciones estatales que integran el Gabinete Social.

Durante el encuentro, se realizó un balance del trabajo desarrollado el año pasado y se definieron los principales ejes estratégicos para este 2026, incluyendo la implementación de medidas concretas para la protección social, la estabilidad económica y el acceso a servicios esenciales.

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Según explicó en conferencia de prensa Juan José Galeano, asesor de la Presidencia en temas económicos y sociales, se logró consolidar una hoja de ruta cuyo objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles en el día a día de las familias.

Cabe recordar que Paraguay cerró el 2025 con un crecimiento económico del 6%, mientras que para el 2026 se proyecta una expansión del 4,2%, conforme a las previsiones actuales.

Las acciones del Gabinete Social apuntarán a que estos avances macroeconómicos impacten en la economía familiar, priorizando pilares como acceso al empleo, salud, educación, vivienda, transporte público y financiamiento, indicó.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sostuvo que la misión encomendada por el jefe de Estado es el impulso de políticas que beneficien a la clase media, especialmente en el área metropolitana y en grandes centros urbanos.

El compendio de metas y compromisos para este año será dado a conocer próximamente al público como Plan Interinstitucional de Acción.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.