Por Santiago Rodríguez

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Momentos difíci­les afronta el sec­tor de la construc­ción debido a la deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de aproximadamente US$ 400 millones, que se viene arrastrando desde el 2020, según indicó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), inge­niero Daniel Díaz de Vivar.

El titular de la Capaco sos­tuvo que alrededor de 50 empresas de mayor y menor porte están siendo afecta­das por la deprimente situa­ción. Esta coyuntura tiene a las contratistas remando con créditos y concesiones bancarias para seguir traba­jando, mientras aguardan la aprobación de dos financia­mientos programáticos que se tienen previstos para dar un poco de oxígeno financiero al rubro.

“El Ministerio de Hacienda dijo que iba a remitir un cré­dito de US$ 100 millones y prometió otro en los prime­ros días de junio de US$ 240 millones. Con eso se pretende pagar la deuda”, comentó Díaz de Vivar, quien agregó que el proceso se torna lento debido a la burocracia que requieren estos créditos pro­gramáticos.

Los préstamos, que vendrían a ser los salvavidas de los cua­les las constructoras están pendientes, primeramente, deben ser aprobados dentro del Congreso ya que estos provienen de financiación externa, que luego lleva otros 70 a 90 días para los desem­bolsos respectivos. Mientras tanto, las mismas se ven en la necesidad incluso de reducir su personal.

“Alrededor de 38 o 39 mil per­sonas hasta ahora se vieron afectadas por esta crisis de manera formal, eso se debe directamente a la falta de pago y al desaceleramiento en el ritmo de las obras”, apuntó el titular de la Capaco, quien lejos de verse esperan­zador con la promesa de esos pagos parciales, pronostica tiempos más difíciles al tener en cuenta la caída de las can­tidades de obras que se regis­tran en este año.

“Solamente cuatro llamados de licitaciones de obras gran­des se dieron en lo que va del año. A partir del semestre pasado empezaron a redu­cirse los llamados a licitación, justamente por la falta de la disponibilidad presupuesta­ria”, recalcó.

El empresario resaltó ade­más que entre las más afectadas se encuentran las empre­sas de menor porte que “ya no tienen trabajo”. Esto debido a que estas no califican para las licitaciones grandes con financiamiento externo, ya que las condiciones para acceder son muy elevadas. “Entonces estas empre­sas pequeñas están luego sin trabajo y si tienen deu­das empeora su situación” lamentó.

LICITACIONES FRENADAS

Según el ingeniero son varias las licitaciones con fuentes de financiamiento externo que están pendientes de aproba­ción en el Congreso. Supuso, además, que el motivo por el cual no se están aprobando se debe a que estamos en un “año político”, además de que no se pueden descartar cues­tionamientos que afectan a la cartera.

Vale aclarar que mientras el MOPC es lenta para honrar las deudas acumuladas con el sec­tor de la construcción, acelera licitaciones con fuerte tufo electoral como la superdota­ción de tecnologías en para­das de buses que prevé un pre­supuesto de US$ 12 millones.

Costos muy altos en licitación de paradas

“Los que estamos en este ámbito entendemos que los costos son muy altos, habiendo soluciones de software abierto que pueden hacer exactamente lo mismo y rayando prácticamente la gratuidad”, respondió sin dudar, el experto en tecnología y ciberseguridad, Miguel Gaspar, al consultarle sobre la megalicitación de tecnología en ómnibus y paradas de buses que prepara el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Gaspar habló de que existen otras alternativas como el software abierto, además de que hay ya un centro de monitoreo inaugurado hace tres años al que es perfectamente adaptable el nuevo sistema de GPS, etc., que forman parte de la nueva licitación. El lla­mado Adquisición de bienes y servicios para la aplicación de tecnologías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y segu­ridad del servicio de trans­porte público de Asunción y del Área Metropolitana prevé un presupuesto de G. 84.032.028.810, equivalentes a unos US$ 12,2 millones, en plena campaña electoral en la que vienen desangrando varias instituciones con cues­tionadas compras estatales.

Ítems sobrecargados de conceptos estiran el listado de insumos y elevan los precios con el argumento de revolu­cionar el sistema del trans­porte público mediante tecnología incorporada; el pequeño detalle es que toda­vía no se especifica la fuente de financiamiento. Desde el propio ministerio comenza­ron a filtrar que este mega­negocio apunta a ejecutarse con otro endeudamiento al país.

El viceministro de Trans­porte, Víctor Sánchez, ya no responde las llama­das y sigue sin aclarar de dónde sacarán la plata para pagar esta superlicitación. Lo último que había seña­lado fue que el objetivo “es dar un mayor énfasis en lo que respecta a la seguri­dad dentro del transporte público”.­

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.