La fiscal Yeimi Adle Monges explicó el caso de Rossana Domínguez Ríos, condenada a prisión por titulos académicos  falsos que  presentó para acceder a un alto cargo público. Dijo que la pena de 4 años, elimina la posibilidad de que sea obligada a devolver el dinero que estafó al Estado, que es de 164 millones de guaraníes.  

“Solo si tiene una pena de dos años se le puede imponer el pago de lo cobrado indebidamente, que se da por suspensión de la pena privativa de libertad. En este caso su condena es de 4 años”, dijo la fiscal Adle a la 730 AM. 

Añadió que, para la sentencia resuelta por el tribunal, se tuvo en cuenta todo el proceso que dio a luz los títulos falsos que la misma presentó para obtener el alto cargo. 

“Le presentó un pedido a la titular (de entonces) Cristina Bogado, un currículum donde dice que ella era abogada, escribana,  magíster y egresada del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, que era licenciada en marketing de la Universidad Americana.  En ese contexto como ella cumplía con todos los requisitos para ocupar el cargo de directora general, es nombrada”, subraya la fiscal Adle.

Agregó  que, tras las primeras inquisiciones en pos de acceder a los supuestos documentos que avalen los títulos, Rossana Domínguez no pudo acercar ningún elemento legal. 

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“En la Secretaría de la Función Pública se les pidió a los funcionarios que actualicen sus documentos y que presenten los certificados. Todos presentaron, excepto la señora Rossana Domínguez. Le solicitaron varias veces y como ella no presentaba, se le abrió un sumario administrativo y, en ese marco, tampoco presentó los documentos. Entonces se pidió informes a la Universidad Americana, a la Universidad Nacional, al Instituto de  Estudio Estratégicos, que confirmaron que ella nunca fue alumna de esos centros, y por ello, se realizó la denuncia en la Fiscalía”, acotó. 

Domínguez Ríos, apuntó Adle, fue investigada y condenada por estafa y cobro indebido de honorarios (que sumó 164 millones de guaraníes en diez meses). Sobre estos elementos se hizo la evaluación que determinó la condena de 4 años.

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El Ministerio de Defensa comenzará con la preinscripción de los cursos de inglés nivel principiante, francés, chino mandarín, guaraní y coreano.

Las preinscripciones para inglés se realizarán exclusivamente por llamada telefónica al número (021) 213 507 este viernes 24 de enero a partir de las 08:00 a.m. y hasta completar los cupos disponibles. Durante la llamada se asignará una fecha para la presentación de documentos requeridos.

El martes 28 de enero se habilitarán las inscripciones presenciales para los cursos de francés, chino mandarín, guaraní y coreano. Estas inscripciones serán por orden de llegada a partir de las 07:00 a.m. hasta completar los cupos disponibles

Las mismas se realizarán en la sede del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), ubicada en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre.

Se insta a los interesados a cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación completa en las fechas indicadas para asegurar su inscripción. Para más detalles, los interesados pueden contactar al número de preinscripción o acudir al Instituto.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que actualiza marco legal para las Alianzas Público-Privada (APP). Una propuesta que ya contaba con media sanción en el Senado.

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La iniciativa que partió del Poder ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como fin establecer normas y mecanismos para promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios a las que las mismas estén destinadas.

Entre las principales modificaciones introducidas, se amplía la participación del Estado en un 25% en las Alianzas Público-Privadas, de manera a que el mismo tenga una mayor influencia en los proyectos conjuntos, según reza el documento.

Además, plantea que la APP pueda financiar proyectos por hasta un 4 % del PIB, en la anterior normativa solo podía hacerlo hasta el 2%.

Finalmente, documento fue sancionado y pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Esta mañana se llevó a cabo una intervención en una vivienda del barrio San Juan de Ciudad del Este, la cual estuvo encabezada por funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Con apoyo de efectivos policiales, los trabajadores de la empresa estatal verificaron la vivienda en cuestión luego de detectar irregularidades en el consumo eléctrico del inmueble.

Fue así se logró la incautación de cinco máquinas mineradoras de criptomonedas, constatándose que el domicilio allanado incurría en una sustracción de energía eléctrica.

El lugar, alquilado por José Feliciano Sandoval Villalba, de 28 años, registraba un consumo eléctrico muy superior al de una residencia promedio, según el informe técnico de la ANDE.

Durante el procedimiento, Sandoval cooperó con los intervinientes y entregó las máquinas sin presentar resistencia, según informaron medios locales.

El caso fue puesto a disposición del fiscal Julio César Paredes, quien determinará los próximos pasos en la investigación.