La fiscal Yeimi Adle Monges explicó el caso de Rossana Domínguez Ríos, condenada a prisión por titulos académicos  falsos que  presentó para acceder a un alto cargo público. Dijo que la pena de 4 años, elimina la posibilidad de que sea obligada a devolver el dinero que estafó al Estado, que es de 164 millones de guaraníes.  

“Solo si tiene una pena de dos años se le puede imponer el pago de lo cobrado indebidamente, que se da por suspensión de la pena privativa de libertad. En este caso su condena es de 4 años”, dijo la fiscal Adle a la 730 AM. 

Añadió que, para la sentencia resuelta por el tribunal, se tuvo en cuenta todo el proceso que dio a luz los títulos falsos que la misma presentó para obtener el alto cargo. 

“Le presentó un pedido a la titular (de entonces) Cristina Bogado, un currículum donde dice que ella era abogada, escribana,  magíster y egresada del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, que era licenciada en marketing de la Universidad Americana.  En ese contexto como ella cumplía con todos los requisitos para ocupar el cargo de directora general, es nombrada”, subraya la fiscal Adle.

Agregó  que, tras las primeras inquisiciones en pos de acceder a los supuestos documentos que avalen los títulos, Rossana Domínguez no pudo acercar ningún elemento legal. 

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“En la Secretaría de la Función Pública se les pidió a los funcionarios que actualicen sus documentos y que presenten los certificados. Todos presentaron, excepto la señora Rossana Domínguez. Le solicitaron varias veces y como ella no presentaba, se le abrió un sumario administrativo y, en ese marco, tampoco presentó los documentos. Entonces se pidió informes a la Universidad Americana, a la Universidad Nacional, al Instituto de  Estudio Estratégicos, que confirmaron que ella nunca fue alumna de esos centros, y por ello, se realizó la denuncia en la Fiscalía”, acotó. 

Domínguez Ríos, apuntó Adle, fue investigada y condenada por estafa y cobro indebido de honorarios (que sumó 164 millones de guaraníes en diez meses). Sobre estos elementos se hizo la evaluación que determinó la condena de 4 años.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.