El neumólogo Carlos Morínigo, coordinador de aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), mencionó a la radio Universo 970 AM que hasta la fecha no existe medicación específica certificada para el tratamiento a pacientes con Covid-19 positivo, sino que solamente hay ensayos clínicos que demuestran la eficacia de algunas drogas en ciertos casos, pero que en otros no funciona.

“Nosotros en el hospital usamos el esquema de suministro dde Hidroxicloroquina y Azitromicina, que al principio eliminaban el virus”, refirió sobre el tratamiento que aún se utiliza en Paraguay para estos casos.

Respecto al estudio de Oxford respecto a la eficacia de la Dexametasona, Morónigo mencionó que “se ha demostrado que reduce la mortalidad, pero no es que cura”. Explicó que este fármaco es un corticoide antiflamatorio bastante potente de uso habitual en la medicina. Se utiliza en pacientes que tuvieron transplantes y tienen inflamación. Resulta eficaz, al parecer, en casos graves de COVID que presentan una hiperinflamación.

ENSAYO DE LA DEXAMETASONA

En este ensayo clínico de Oxford participaron unos 2.000 pacientes de hospitales, a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió.

Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la Dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28 %, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron de oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20 %.

Para Martin Landray, otro de los científicos involucrados, los hallazgos sugieren que de cada ocho pacientes tratados que precisan de respiración asistida por ventiladores mecánicos, se podría salvar una vida.

En cuanto a los que necesitan abordaje con oxígeno, se salva una vida de cada 20-25, agregó.

“Hay un claro beneficio. El tratamiento consta de diez días de Dexametasona y cuesta unas 5 libras (5,5 euros/6,2 dólares) por paciente. Así que esencialmente cuesta 35 libras (38 euros/43 dólares) salvar una vida. Es un fármaco que está disponible en todo el globo”, remarcó Landray.

Según el experimento, la Dexametasona no parece ayudar a personas que presentan síntomas leves de coronavirus -aquellos que no necesitan asistencia para respirar-.

El ensayo lleva funcionando desde el pasado marzo y en esas pruebas se ha incluido también el producto empleado para tratar la Malaria, la hidroxicloroquina, que ahora ha sido desechado ante el temor de que incremente el número de muertes y de problemas coronarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.