El especialista dijo que desde el comienzo de la pandemia y las estadísticas que venían de China – Wuhan, epicentro del covid-19, saltó como primera prueba que los pacientes que fueron internados en las Unidades de Cuidados Intensivos, con múltiples comorbilidades, sobre todo los que tenían un alto riesgo cardiovascular, con hipertensión arterial, diabetes y con edad avanzada, mayores de 65 años de edad, poseían mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad por covid-19 en la forma más severa y con mayor mortalidad.

Apuntó que una cuestión que también se demostró, una vez que la pandemia empezó a diseminarse por el continente europeo, en Italia sobre todo, donde la demografía muestra una población con edades más longevas y hacinados en asilos de ancianos, fue donde hubo mayor número de óbitos, asociados a múltiples comorbilidades.

Cuando la epidemia se trasladó a los Estados Unidos, apareció otro fenómeno, explicó el docente. Las investigaciones comenzaron a revelar que personas con obesidad importante fueron a tener una mortalidad mayor. EE. UU. es uno de los países donde la obesidad es un fenómeno de salud crónica. “Lo llamativo es que empozó a darse en personas jóvenes o sea comenzaron a caer personas con obesidad con menos de 60 años con covid-19 extremadamente graves y en algunos casos con morbimortalidad bastante altas. O sea ya no eran pacientes mayores de 65 años, sino personas muy jóvenes con índice de masa corporal muy altos, con cuadros muy graves”, apuntó.

Entonces dijo que a medida que se fue expandiendo la pandemia, se comenzó a aprender sobre la epidemiología. Ahora está claro que las personas mayores de 65 años de edad son un grupo de personas de riesgo para desarrollar cuadros graves de coronavirus. También las personas con diabetes tienen dos veces más posibilidades de desarrollo de cuadro grave, así como los pacientes con hipertensión arterial y los que están con obesidad y obesidad severa independientemente de su edad.

Bueno indicó que una cuestión interesante de discusión a nivel nacional fue el caso de la paciente joven fallecida, además de la diabetes tipo I, la misma estaba con insuficiencia renal crónica que sí era un factor de riesgo adicional.

El covid-19, una vez que se desarrolla en su forma grave, es una enfermedad que produce un padecimiento sistémico que causa un mal manejo de líquido, una extravasación de líquidos, muy difícil de tratar y fallan varios órganos y eso empeora todo, de acuerdo con el experto.

Explicó que en la conducción de los casos con diabetes que se están dando a nivel nacional, no está organizado, no hay una política unificada, así que no se tiene el dato único de los casos y que como Universidad Nacional no tienen participación. “La mayor parte de estos pacientes tiene comorbilidad importante”, resaltó.

El docente explicó que en el caso del páncreas, donde se produce la insulina, ese virus puede llegar a ingresar y lesionar. Incluso en pacientes sin diabetes puede dañar el órgano y aumentar la glicemia por la infección y eso puede ser tóxico, por lo que el paciente debe ser evaluado y tratado como un diabético. Cuando el paciente con diabetes tiene covid-19 desarrolla una glicemia alta que es más difícil de controlar y necesita de un protocolo especial para ser tratado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.