En entrevista con la 970 AM, Latorre comentó que si uno examina la Constitución Nacional no logrará encontrar algún texto que establezca que un fallo de la Justicia Electoral o la Corte Suprema de Justicia sean revisados por un presidente del Congreso a los efectos de decidir si se dará o no cumplimiento a los mismos.

Ante este panorama, afirmó que Fernando Lugo no tiene potestad para decidir si acepta o no el juramento de Horacio Cartes, Juan Afara y Nicanor Duarte Frutos como senadores electos. “Esto es un absurdo que solo un deschabetado puede concebirlo”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los fallos judiciales pueden ser criticados o analizados técnicamente, pero lo que nadie puede dejar de hacer es cumplir dichas decisiones. “En este caso, el presidente del Congreso se quitó la sotana y se convirtió en el dios, él puede decidir sobre los demás poderes”, dijo el exfiscal general, criticando la postura asumida por el senador del Frente Guasú.

“En este caso, el sistema permitió que en las internas coloradas estos tres candidatos (Cartes, Duarte Frutos y Afara) pudieran postularse. El Tribunal Electoral Partidario (TEP) rechazó las impugnaciones que realizara la disidencia colorada. Posteriormente, sobrevino el proceso de las elecciones generales, ahí se cumplió el mismo trámite, hubo impugnaciones y el TSJE resolvió, se recurrió a la Corte y este órgano rechazó la inconstitucionalidad. Estas tres personas fueron habilitadas, el pueblo, que es el soberano, votó y escogió a sus autoridades. Estas fueron proclamadas por la Justicia Electoral y cualquier debate sobre si estaban o no habilitados o si pueden o no jurar asumiendo los cargos para los cuales fueron electos es un debate concluido. Ningún órgano del Estado tiene la potestad para revisar esos pronunciamientos”, sostuvo Latorre, reiterando que los mencionados candidatos tienen que jurar como senadores activos.

En relación al mismo tema, mencionó que “si algún senador o diputado entiende que en esos fallos hubo violación de la Constitución al habilitar a estas tres personas, eso no les habilita para incumplir esas decisiones”, por lo que cuestionó a quienes alegan que Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juan Afara no deben prestar juramento.

Según el exfiscal general del Estado, Fernando Lugo tiene una única función que es la de convocar a aquellos que fueron proclamados como autoridades electas para prestar juramento, por lo tanto, no existe ninguna potestad discrecional sino más bien una obligación que es la toma del juramento. “Esto es sumamente penoso porque estamos debatiendo cosas que no deberían debatirse y estamos creando una crisis jurídica terrible que nos destruye aún más la poca seguridad jurídica que se tiene”, afirmó.

Latorre recordó que existe una ley especial que sanciona como hecho punible el desacato y, considerando los fallos de la Corte y la Justicia Electoral que son de cumplimiento obligatorio, en caso de incumplimiento podría catalogarse como un hecho punible.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.