El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) manejará US$ 130 millones que el Estado paraguayo prestó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Agenda Digital. De dicho monto se prevén US$ 4 millones para la digitalización del Registro Civil.

Lo insólito del caso es que un trabajo similar ya se realizó años atrás, pero ahora se argumenta que supuestamente se perdió toda la digitalización de los certificados de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El Ministerio de Justicia envió ayer una nota al Mitic para solicitar que se suspenda el trabajo, evitando así que se consume una posible dilapidación de los US$ 4 millones prestados por el BID. Esto se dio luego de que el Control Ciudadano alertara a la prensa de que ya se había pagado por la digitalización del Registro Civil en el pasado.

En la misiva remitida, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, refirió a su par Alejandro Peralta Vierci (Mitic) que “han surgido informaciones sobre los trabajos realizados desde el año 2006-2009, la pérdida de los mismos, y la eventual recuperación parcial de dicho trabajo, así como su utilidad”. También recordó que la entonces Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) prestó scanners para la realización de los trabajos. Por lo que instaba a que se suspenda el proyecto hasta tanto se investigue a profundidad lo que ocurrió en el Registro Civil.

Hace una semana, Peralta Vierci mencionó a radio Monumental que el proyecto de la Agenda Digital incluye la Digitalización de las actas del Registro Civil y fortalecimiento del Derecho a la Identidad, y que su institución iba a manejar el dinero, pero que debía trabajar con el Registro Civil, dependiente de Justicia, porque era el ente que iba a beneficiarse.

Alegó que se dieron cambios en Justicia y que las autoridades actuales informaron que hubo una pérdida del documento digitalizado en periodos anteriores. “Veníamos hablando con ellos para arrancar, pero en gobiernos anteriores, en el 2014 o antes incluso, no dispongo toda la información, hubo inversión en digitalización en actas de nacimiento y otros registros, pero nos dijeron que todo se perdió. Es increíble cómo un proceso de digitalización no incluya donde almacenar y resguardar los archivos y tener un backup (copia de seguridad) y no contemplar robustez en los equipos. Es increíble lo que ocurrió. La información que disponemos es que se perdió absolutamente todo y no queda una sola foto de lo que se digitalizó”.

Dijo que desconoce en qué gobierno se dio este trabajo de digitalización, de cuánto fue la inversión en ese entonces y cómo se financió. En ese sentido tiró la pelota al Registro Civil y al Ministerio de Justicia. Señaló además sobre el punto que Justicia hará una auditoría interna para saber qué pasó y hallar a los responsables.

El titular de Mitic destacó que su nuevo proyecto de US$ 4 millones pretende que el ciudadano obtenga de manera remota sus documentos, sin la necesidad de hacer trámites presenciales. Sin embargo, existen serias sospechas de que el trabajo anterior sí está guardado, pero que ahora se pretende dilapidar otros US$ 4 millones. Al respecto afirmó: “vamos a cuidar todos esos detalles, este proyecto va a tener que ser lamentablemente reanalizado, porque es un proyecto que va a beneficiar al ciudadano, no vamos a dar paso adelante hasta estar seguros que en el Ministerio de Justicia estén en línea con la exigencia de transparencia y clarificar estos hechos, porque no podemos avanzar de esta manera”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.