Ibáñez concedió una entrevista a la 1080 AM y habló sobre varios temas relacionados a su nombramiento como asesor de la Itaipú. Sobre sus antecedentes en el MAG y la renuncia al cargo en el 2005, por supuestamente estar ligado a una empresa que proveía carne al Estado según publicaciones de Última Hora, explicó que todo se trató de una confusión y que “prácticamente” no tenía nada que ver con la empresa.

Mencionó que la firma tenía su dueño, una persona identificada como Faustino Decoud, y que siempre estuvo trabajando en la empresa que, al llamarse “San Antonio”, se relacionó a su persona. Añadió que decidió renunciar porque en principio le había dicho al presidente, Nicanor Duarte Frutos, que iba a colaborar con el gobierno y con el MAG desde el sector privado. “Por delicadeza, renuncié”, manifestó.

Mencionó que hubo una investigación y que presentó todas las documentaciones que le requería la Fiscalía pero que la Contraloría le hizo un estudio “muy pormenorizado” de sus bienes, desde que se convirtió en presidente del Fondo Ganadero, de cuando fue presidente del Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert, y de cuando fue ministro de Agricultura. “En los tres niveles de investigación el contralor de entonces, Francisco Javier Galiano, había dicho que había total coincidencia con mis bienes. No hubo méritos para que se me impute”, indicó.

Aurelia Amarilla, viuda de Faustino Decoud, había declarado que el nombre de “San Antonio” había sido en honor a él. Consultado al respecto, Ibáñez mencionó que su marido fue “personal suyo” en “algún momento” y que es una acusación que no pensó que lo iba a perjudicar.

Sobre el allanamiento que había realizado el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, en el que se encontraron con documentos de Ibáñez en la propiedad de Decoud, dijo que “seguro tenía documentos” de él pero que no guardaban relación con la empresa cárnica. “Él siempre trabajó en ese rubro”, indicó.

Como Decoud había fallecido en un accidente manejando una camioneta del MAG, Ibáñez fue consultado si era funcionario y proveedor del Estado al mismo tiempo. Al respecto dijo que cuando murió estaba “cumpliendo una misión” y que “seguramente se dedicaba a eso”, con lo cual confirmó que era trabajador y proveedor, en simultáneo.

Expresó que aún no completó su vinculación a la Itaipú porque le faltan documentos y reconoció que fue el mismo José Alberto Alderete, director paraguayo de la entidad, el que lo llamó solicitando su concurso. No obstante, mencionó que desconoce el sueldo que estará percibiendo pero que maneja que la categoría de “asesor” arranca por los G. 30 millones y que “no prestó mucha atención”.

En ese momento fue consultado sobre la renuncia de su hijo, el exdiputado José María Ibáñez quien reconoció en un juicio haber pagado a sus caseros con dinero del estado. Mencionó que en la vida la responsabilidad individual es inherente a la persona y que no tiene nada que ver ni porqué juzgar “porque uno naturalmente le apoya a su hijo en la vida política, en todo”.

Sobre si está bien que su hijo haya utilizado dinero del erario público para pagar a sus caseros, dijo que “evidentemente eso no está bien” pero que él estaba “muy presionado” y que en política “hay que ser fuerte para aguantar los embates de toda naturaleza”.

Abordado sobre si percibe que cambió algo en la sociedad respondió: “por otro lado hay mucha gente que me necesita porque sabe lo que yo aporté para el sector campesino. Dejé muchas huellas positivas en el campo”.

Mencionó que trabajará en un programa de asistencia a pequeños productores que buscará ser un nexo entre la entidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Yo fui invitado por la entidad para prestar mi asesoría en este campo de la agricultura familiar campesina, un programa que se está queriendo impulsar fuertemente. Hoy se tiene la cobertura de 10.000 productores y eso se quede ampliar, seguramente para abarcar más en su programa de lucha contra el hambre y lograr el bienestar de la población campesina, especialmente”, sostuvo.

Antonio Ibáñez fue nombrado como asesor de la Itaipú Binacional. Este es uno de los casos de designaciones que serían parte de los “cupos políticos” de Añetete en el Gobierno, luego de las elecciones generales. El mismo jefe de Estado expresó este miércoles su respaldo al nombramiento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.