La diputada Olga Ferreira (independiente) dio a conocer su testimonio, de lo que ocurrió en el presunto complot de los opositores al cartismo, utilizando a los campesinos, quienes piden la condonación de sus deudas.

Recordó que cuando se pide la postergación del documento para analizarlo más detenidamente, desde la bancada de Colorado Añetete (de Mario Abdo Benítez) se votó por tratar en el día, lo que le llamó poderosamente la atención, ya que no era la forma en que iban a actuar. “Yo les reclamo y me dicen: le vamos a golpear a Cartes porque no va a poder pagar. Cuando empiezo a contar los votos me doy cuenta del famoso “ojerepa”, muchos que decían que no, lo iban a hacer ”, dijo.

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Ante las amenazas recibidas y para realizar una protesta y no legitimar lo que iba a suceder, la congresista dijo que optó por retirarse del sitio. “Era constante el insulto de una banca muy de izquierda, hasta palabras muy fuertes hacia mi persona. Yo les aclaré que nunca estuve a favor de condonación o subsidio, porque así no se sale de la pobreza”, explicó.

Además, Ferreira contó que 10 hombres armados estaban en el recinto del Parlamento. “Fueron llevados por un diputado”, indicó al respecto y agregó el jefe de seguridad le informó que incluso cuatro fueron detenidos cerca de la sala de sesiones, ya que portaban armas blancas y revólveres. “Eso estaba como para incendiar el Congreso”, acotó.

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El presidente del Congreso y líder del Frente Guasu, Fernando Lugo, quien es considerado como “la mano negra” detrás de las manifestaciones, anunció que en el Senado se aprobaría nuevamente la condonación. El legislador contó que los dirigentes dieron una especie de tregua durante el fin de semana, ya que volverán a sus departamentos para retornar “con más fuerzas” el próximo lunes. “Los fundamentos de Horacio Cartes para el veto no son tan sólidos. Dice que no está definida la lista, pero en el proyecto está claro”, aseguró el congresista.

El dirigente labriego Luis Aguayo amenazó que no darán un paso atrás en sus reivindicaciones. “Seguimos para adelante. Un sector marginado como siempre plantea una solución por canales institucionales. Siempre se ha demostrado la capacidad de convocatoria y la no violencia”, argumentó.

DETRÁS DE LOS VOTOS

Considerando que dirigentes como Elvio Benítez, actual concejal departamental de San Pedro por el Frente Guasu, así como Luis Aguayo y Jorge Galeano, quienes son afines al partido político del ex presidente Lugo, al utilizar como bandera de lucha la condonación de deudas para el sector campesino, sería el único sector político-partidario que estaría en condiciones de sacar alguna ventaja electoral a fin de apuntalar candidaturas para las próximas elecciones.

Mientras tanto, el grupo de Alegre y Mario Abdo Benítez serían como los convidados de piedra en esta historia, puesto que les sería difícil a ambos sectores “picotear” algunos votos en este segmento afín a la lucha. Tanto Alegre como Benítez se muestran “solidarios” con la causa campesina por el solo hecho de pescar en río revuelto y tirar leña al fuego con el propósito de erosionar al gobierno de Cartes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.