La parlamentaria explicó que la propuesta fue la de modificar los incisos donde en los casos de estafa y lesión de confianza, hablan de hechos graves y elevar la pena de 1 a 15 años.

“Denominar los hechos graves específicamente, por ejemplo, en el caso de causar la ruina de alguien o causar daños al patrimonio del Estado, cuando un funcionario público abusa de su posición, como ejemplos reglados dentro de la norma a fin de aplicar ese marco más elevado”, expresó la diputada en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Vallejo lamentó que sus colegas hayan votado para que la propuesta sea enviada a la Comisión de Reforma Penal, presidida por la propia diputada. La votación fue la de 26 a favor y 36 en contra.

Explicó que el proyecto será tratado en dicha Comisión pero que, tardará más tiempo en cuanto a su aplicación. Añadió que debido a las múltiples actividades que tiene, no logra reunirse con los demás miembros, y además continúan en el código procesal penal.

“Es una pena, lamento mucho lo que pasó ayer. Hubiese sido una señal muy clara de la Cámara de Diputados, perdimos una nueva oportunidad”, dijo.

La diputada detalló que las penas en caso de estafas graves son solo hasta 8 años y en el caso de lesión de confianza, hasta 10 años.

Sin embargo, contó que con el nuevo marco legal, la pena puede ser hasta de 22 años, y aparte ya no se tendrá la estrategia procesal de jugarse a la prescripción del hecho punible, es decir, que el caso llegando a un determinado tiempo se extinga y no siga el proceso.

En caso de que dicha Ley haya aprobada, hubiese entrado en vigencia de forma inmediata, relató Vallejo.

“No fueron suficientes, ninguno de nuestros argumentos, no fue suficiente decir que esta ley debía entrar en vigencia en forma urgente, para que aquel que perjudica al Estado sepa que las penas serían más duras. Perdimos 36 a 26”, publicó vía Twitter.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.