En más de una ocasión, Jorge Brítez expresó su postura contraria al uso de tapabocas, así como a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, y abogó por “tratamientos alternativos” contra el virus. Ahora el legislador propone proteger contra todo tipo de discriminación a las personas vacunadas, con vacunación incompleta y/o no vacunadas contra el virus SARS COV 2, con la intención de garantizar, a cada persona, que no sea discriminada por la decisión que ha adoptado con relación a inocularse o no contra el coronavirus.

En su documento esgrime que no se aceptará la “discriminación, trato diferente, perjudicial, excluyente o restrictivo basado en el estado de vacunación (completa, incompleta y/o nula), que tenga por objeto anular o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

En esencia prohíbe las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y garantías de estas personas, cuando fuesen impuestas por la sola razón de su estado de vacunación. “La violación de cualquier derecho o garantía que les ampara, será denunciable y/o recurrible ante las autoridades judiciales y administrativas para el reclamo de las responsabilidades civiles, laborales, penales y otras que correspondan, así como el cese del acto discriminatorio”, expresa un párrafo del proyecto de ley.

Plantea que los establecimientos de salud pública, en todos sus niveles, brinden la atención adecuada y necesaria, sin distinción y condicionamiento alguno a las personas, sean éstas vacunadas, con vacunación incompleta y/o no vacunadas contra el Covid-19, que así lo requieran.

Según publica la Cámara de Diputados, lo mismo se estipula para los establecimientos de salud privados y del seguro social que deben proporcionar a sus asegurados la atención integral correspondiente.

Por otro lado, esta disposición también pretende cubrir a todos los trabajadores públicos o privados. “Cada trabajador tiene derecho al empleo en las mismas condiciones originarias acordadas, en los derechos adquiridos, en las garantías y condiciones prescriptas por el ordenamiento jurídico nacional. No se le impondrá condicionamiento relacionados a la vacunación”, expresa.

Además se refiere al derecho a la educación, prohibiendo a todas las instituciones de enseñanza solicitar a sus matriculados las pruebas de haberse sometido a la vacunación.

El libre tránsito también está garantizado por esta iniciativa. Las instituciones migratorias y/o autoridades policiales no podrán condicionar el ingreso o salida del país, ni la circulación dentro del territorio nacional, al estado de vacunación o no vacunación, dice un párrafo del artículo 10 del proyecto.

Las sanciones que se establecen en este proyecto son multa, suspensión o cancelación del registro y clausura de la institución, que serán aplicadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La suspensión y cancelación del registro serán por un plazo de entre seis meses y tres años.

El monto de las multas se calculará teniendo como base el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la República que, en ningún caso, excederá de cien jornales.

El documento se encuentra, para su estudio, en las comisiones de Legislación y Codificación Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Educación, Cultura y Culto; Salud Pública; y en la de Equidad Social y Género.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.