Narváez fue abordada por las periodistas asignadas al Congreso Miriam Soilán (650 AM) y Natividad Romero (970 AM), sobre por qué el diputado Núñez Salinas, quien enfrenta un proceso por contrabando, sigue poniendo trabas a la justicia y además expresa que se debe pedir un nuevo desafuero en su contra porque el anterior fue expedido en el ya fenecido período parlamentario.

“Ya. Y bueno, yo creo que en la medida en la que nos vayan llegando las situaciones nosotros vamos air analizando y resolviendo. No me considero una persona apurada, una vez que estemos en esa instancia hay que sentarnos a analizar esa situación”, respondió la legisladora.

Abordada nuevamente sobre las declaraciones de Núñez Salinas en las que refiere que se debe solicitar otro desafuero porque el anterior ya feneció, contrariamente a lo que expone la Fiscalía, dijo que no lo escuchó diciendo eso y que no quiere entrar a analizar una declaración de la que no está al tanto. Sin embargo, expresó que si en una oportunidad se había sometido al proceso, debe continuar con ese espíritu.

“Si ha dejado los fueros, debería continuar así para el esclarecimiento de los hechos”, reiteró la legisladora, líder de la bancada de Colorado Añetete en la Cámara de Diputados.

Consultado sobre si podría adoptar la misma decisión que José María Ibáñez, quien renunció a su banca por la presión ciudadana en su contra, dijo que es una cuestión intrínseca de cada uno. El haber dado un paso al costado, según Narváez, fue una decisión personal del ahora exdiputado y que es necesario que los legisladores estén a la altura del compromiso asignado por la ciudadanía.

Sin embargo, en el caso de Núñez Salinas, dijo que no le hablaron del retiro de sus fueros. “A mí ni me hablaron ni del fuero ni del desafuero de Carlos. Pueden corroborar. Tenemos una agenda bastante ocupada, estamos tratando de construir… No me senté a analizar. Estuvimos recorriendo por el interior. Estuvimos recorriendo por el departamento. Mal te podría decir que es algo que tengo demasiado en mente”, sostuvo.

Según la acusación fiscal, el diputado Núñez Salinas importó decodificadores que fueron declarados como ruteadores. Además, está sospechado de adulterar documentos para subvalorar el costo real que era de un millón de dólares para que pase a costar US$ 17.000.

La semana pasada, el legislador logró aplazar por octava vez la audiencia preliminar alegando que goza de “nuevos fueros” teniendo en cuenta que fue desaforado en el período pasado pero, al ser reelecto, su beneficio parlamentario fue renovado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.