Este sábado se realizaron allanamientos simultáneos y en uno de ellos se hallaron avionetas que habrían sido utilizadas para transportar droga en un hangar ubicado en la entrada a la Municipalidad de Santaní. La Senad maneja la información de que el hangar pertenecería a la esposa del diputado D’eclessiis.

Sin embargo, el legislador mencionó a la 730 AM que el hangar no está a nombre de su esposa sino que es de su cuñada, una mujer de nombre Carolina y es esposa de su hermano Víctor Raúl D’eclessiis.

“No está a nombre ni a nombre de mi señora. Yo procuro cuidar mi carrera política. Mi vida es más transparente que el agua. Ni una multa de tránsito he tenido. El hangar está a nombre de mi cuñada. Alquila a la gente que deja su avión, que no puede dejar en Asunción porque ya no hay lugar. Nadie quiere dejar afuera. Están ellos sobre la ruta III. A la vista”, sostuvo el legislador.

Indicó que se está mancillando el nombre de su esposa, el suyo, el de sus hijos y recordó que en el 2014, cuando el exministro de la Senad Luis Rojas, denunció ante el Congreso que existen varios diputados ligados con el narcotráfico, él ya había hecho una aclaración a través de un hábeas data.

Instó al ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio a dar la información correcta para evitar que se perjudique a su familia. Negó tener conexiones con el terreno donde se halló droga durante el operativo.

En el allanamiento llevado a Cabo en la localidad de Leandro Oviedo, departamento de Itapúa, se hallaron los 400 kilos de cocaína. En tanto en la propiedad del legislador D’ecclesis (en San Pedro) se detectaron siete aeronaves, que realizaba según las investigaciones, permanentes vuelos al inmueble en donde se decomisó la carga de estupefaciente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.