El titu­lar de la Comisión de Agricul­tura de la Cámara Baja, el diputado colorado Colym Soroka, resaltó a la 970 AM que no conversó precisamente con el futuro mandatario Mario Abdo Benítez sobre poner freno al ingreso de los brasileños que desplazan a los campesinos en el sector productivo.

“Trataron de golpearme innecesariamente, una cosa es expulsar y otra es buscar que las reglas sean claras. (…) Muchos amigos me dicen que se recibieron hace 10 años pero no pueden ejercer porque las empresas traen todos sus funcionarios del Brasil. Ni siquiera son técnicos, según me indican. Siendo que existen requisitos para poder vender el producto. No tengo problemas con que vengan las empresas brasileñas a lucrar en nuestro país, pero que sean consecuentes con la mano de obra paraguaya”, dijo.

También el legislador aseguró que muchos indocumentados están trabajando en nuestro territorio y alegó que esto no iba a ocurrir si es que las instituciones públicas actúen como corresponde e implementen medidas de control.

A esto se suma que las empresas brasileñas poseen un cierto fanatismo para contratar a sus connacionales, antes que los paraguayos. “Algunas solamente dan trabajo a personas que hablan portugués y en sus carteles (de solicitud de personal) piden que hablen el idioma”, resaltó.

Por esta situación, Soroka anunció que presentará un proyecto de Ley que tendrá dos enfoques y su fin será “tratar de cuidar a nuestros profesionales e involucrar a las empresas con la creación de fuentes de primer empleo“.

SECTOR PRODUCTIVO RECHAZA

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, en charla con la 970 AM indicó que no acompaña el planteamiento del legislador colorado Soroka, quien pertenece al bloque del próximo presidente Mario Abdo Benítez. Aseguró que no es correcto el diagnóstico que hace de la situación actual.

“No sé en qué contexto lo dijo, pero está un poco desfasado. Desde los años 90 la migración de Brasil al Paraguay ya no existe más. Fue un fenómeno que duró de los 70 a los 90. Fue gente que vino a trabajar en un contexto del programa de desarrollo del este, colonizando tierras despobladas“, comentó.

El empresario productor sostuvo que él no percibe como un problema la presencia de los extranjeros. “No entiendo el problema que quieren solucionar. El paraguayo se caracteriza por ser hospitalario y amigable, y no trabaja en función a la xenofobia y el rechazo, normalmente. Hay visiones un poco radicalizadas que se tienen que tratar de hacer… lo que tenemos que hacer con el migrante es tratar de asimilarlo y que se integre al desarrollo económico y social del país”, acotó.

También el presidente de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleagi­nosas (Capeco), José Berea, destacó que la presencia de los colonos provenientes del Brasil permiten el crecimiento agrícola. “Nosotros debemos mucho a los brasileños. En buena hora llegaron”, manifestó al diario La Nación.

El referente del sector productor aclaró que el trabajo de otros grupos en otros puntos del país (ucrania­nos, menonitas, etc.), en forma conjunta con agricultores paragua­yos, es también fundamental para el bienestar de pobladores de diversos departamentos.

“De hecho el apellido Soroka proviene de la migración”, indicó y señaló que la migración en sí, es un fenómeno internacional. Recordó que más de un millón de paraguayos se encuentran fuera del país por diversas razones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.