De acuerdo a denun­cias que recibió el Grupo Nación, el diputado del Partido Liberal Manuel Trinidad Colmán, representante del departa­mento de Alto Paraná, ten­dría un llamativo interés en brindar un fuerte respaldo a un grupo de invasores de pro­piedad privada en el distrito de Minga Guazú, que ya fue­ron incluso condenados hace 2 años por un tribunal cuando constató la ilegal invasión de unas 20 hectáreas.

Tras la condena que se dio en febrero de este año, los repre­sentantes legales de los 27 condenados por invasión de propiedad privada, apelaron la sentencia. Según los datos a los que accedió el Grupo Nación, detrás de la apelación existiría una fuerte presión por parte del ex magistrado de Alto Paraná y actual dipu­tado Trinidad Colmán, utili­zando todos los medios posi­bles para que los resultados se den a favor de los ocupantes, logrando la anulación del fallo judicial. Lo que implica una aparente maniobra del legis­lador para ganar adherentes en la región atendiendo a las próximas elecciones.

ANTECEDENTES DEL CASO

El inmueble en cuestión es propiedad de Víctor Agüero y está individualizado como finca 10239, con padrón N° 609. Tiene una extensión de 20 hectáreas y está ubicado en el km 29,5 del antiguo Puerto Presidente Stroess­ner, hoy día distrito de Minga Guazú.

El predio ya fue invadido en reiteradas ocasiones. Tras la última intervención del Ministerio Público, un tribu­nal integrado por los magis­trados Fabio Aguilar (presi­dente), Serafín González Roa y Vitalia Duarte sentenció a 2 años de prisión con suspen­sión a prueba de la condena a 27 personas que debieron abandonar el lugar bajo los cargos de invasión de propie­dad privada, en febrero de este año. No obstante, desde hace varios días los abogados que representan a los invasores buscan la forma de anular ese fallo con una irrisoria apela­ción. En ese sentido, un nuevo tribunal comprendido por los magistrados Efrén Giménez, Mirian López y Nidia Fernán­dez serán los encargados de revisar la causa que el pro­pio Ministerio Público había constatado como invasión a la propiedad privada durante la constitución fiscal-judicial realizada a fines de enero del 2021.

Cabe señalar que dicha pro­piedad había sido invadida ini­cialmente en el 2015 por un grupo de 100 personas, pero que luego fueron desalojadas ese mismo año. Desoyendo la orden judicial, el mismo grupo derribó el cercado y volvió a ingresar al lugar. Con el trans­currir de los años, muchos decidieron abandonar el sitio; sin embargo, las 27 personas que se atrincheraron ilegal­mente en la propiedad privada fueron halladas culpables y por ende condenadas a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la condena.

Abogado querellante confirmó que los invasores en más de una ocasión tuvieron apoyo de políticos y caudillos del PLRA

El abogado Héctor Duarte, querellante, indicó que tomó con mucha sorpresa y preo­cupación la información que comenzó a circular respecto a las movidas políticas y uso de influencias por parte del diputado liberal Manuel Tri­nidad. En comunicación con el canal GEN, confirmó que el legislador liberal también fue magistrado en Alto Paraná y cuenta con mucha influencia en la zona.

“Veo con mucha preocupa­ción, si es que es así como están manifestando, la presión que eventualmente podría hacer el diputado, que es una per­sona con mucha influencia en el departamento. Yo no dudo de esa posibilidad porque en muchas ocasiones esta gente estuvo acompañada de algu­nos políticos y caudillos, gene­ralmente liberales”, men­cionó.

Asimismo, explicó que está en estudio aún el pedido de apelación especial, que plan­teó la defensa de los 27 conde­nados. En ese sentido, señaló que él como profesional no observa ninguna irregulari­dad en la interpretación nor­mativa del Tribunal de Sen­tencia. “Los argumentos del recurso eran absolutamente superficiales, incluso hasta falsos, porque ponían en tela de juicio hasta la fecha que culminó el juicio, con la idea de argumentar que el fallo salió extemporáneamente, algo absolutamente insólito”, comentó.

Por otra parte, confirmó que los invasores siguen dentro del predio privado, y solo están esperando que con­cluya el proceso penal para luego solicitar el desalojo de los ocupantes ilegales. Indicó que a partir de las informa­ciones comenzará a indagar más a fondo sobre el eventual uso de influencia del legisla­dor liberal.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

Puede interesar: Itapúa: rescatan a un hombre que fue arrastrado por el agua cuando iba en moto

Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

Te puede interesar: Advierten sobre edulcorante contaminado por hongos y mohos

Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

Leé también: Centros educativos asumen compromiso de crear espacios preventivos contra las drogas

Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.

Este detalle surgió de la reconstrucción de imágenes tras 10 denuncias de robos de celulares y otras prendas, en encuentros que realizaban grupos de excompañeros de colegio que se reúnen, cada tanto, a compartir partidos de fútbol, recordar viejas anécdotas y compartir unas rondas de cerveza.

Julio Antonio tenía un modus operandi peculiar. Se acercaba a canchas donde habitualmente se reúnen los exas, se mimetizaba entre los presentes, ganaba confianza, y aprovechaba el fragor y atención que concitaban los partidos, para meter mano en bolsos o mochilas de los deportistas.

En uno de los tantos golpes, el ‘terror de los exas’ robó el celular del ministro de Inteligencia Nacional, el exfiscal Marco Alcaraz. Las funciones de este alto funcionario estatal desataron el debate entre comunicadores, en el sentido de a qué tipo de información estratégica pudo haber accedido el ladrón que, presume la Policía, también pudo haber incursionado en el robo de datos para eventuales ‘aprietes’. En consulta de periodistas, el ministro Alcaraz respondió que el sistema de encarpetamiento de su celular es prácticamente inexpugnable, y que no había preocupación al respecto.

Te puede interesar: ¿Mató a su padrastro por despecho de mamá? Ña Selva y un crimen que desató la de sicariatos