Durante la sesión extraordinaria desarrollada este miércoles, la Cámara Baja aprobó por mayoría el proyecto de Ley “Que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia COVID-19 o coronavirus, bajo el eje de protección social”.

En igual sentido, también sancionó la versión Senado del proyecto de ley “Que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia COVID-19 (coronavirus), bajo el eje de acción de inversión, a través de la construcción de viviendas”.

La primera propuesta fue diseñada para beneficiar a la población más vulnerable y mitigar los efectos negativos de la pandemia mediante un préstamo de US$ 125 millones. Por su parte, la segunda iniciativa tiene el objetivo de asignar recursos al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para la construcción de 10.000 viviendas sociales en el marco del programa FONAVIS por un valor de US$ 47.000.000.

Al referirse a protección social, el Gobierno Nacional propone la ampliación de ciertos programas que ayudaron a sectores afectados económicamente durante estos últimos meses de crisis sanitaria, como Pytyvõ, Tekoporã, almuerzo escolar, etc.

Los US$ 125.000.000 contemplados en este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda se dividen de la siguiente manera:

*Ampliación del financiamiento del Programa Pytyvõ 2.0: US$ 50.000.000

*Ampliación de la cobertura del Programa Tekoporã: US$ 2.700.000

*Ampliación de la cobertura del programa “Mi almuerzo escolar en familia” del MEC: US$ 4.000.000

*Ampliación de la cobertura del Programa “Abrazo” del MINNA: US$ 300.000

*Ampliación del Programa “Conectividad” de la Secretaría de la Juventud: US$ 1.000.000

*Pago de deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS): US$ 50.000.000

*Aporte a gobernaciones para apoyo a la población vulnerable: US$ 17.000.000

Tras su aprobación en Diputados, ambos proyectos de ley fueron remitidos al Poder Ejecutivo para su aprobación o veto.

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy a los intendentes de Cordillera, uno de los departamentos en donde comenzará a regir el programa de Universalización de la Alimentación Escolar.

“Nosotros estamos identificando que el programa Hambre Cero en las escuelas, cuanto menos, va a generar 60.000 empleos a nivel nacional y esto es un número grande”, destacó Peña, durante su intervención.

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Este número, de concretarse, representaría más del 10 % de su meta de campaña, sobre la creación de 500.000 empleos en cinco años.

Para el mandatario son tres los grandes ejes que traerá el proyecto: la nutrición de calidad para los niños, las fuentes de trabajo y la garantía de mercado para los productores frutihortícolas.

La labor que cumplan los intendentes será fundamental, pues, a criterio de Peña, gran parte de las ausencias del estado son cubiertas por las gestiones de las municipalidades.

Peña cree que, de mantenerse abierto el canal de comunicación entre municipios y el Ejecutivo, los resultados serán mucho más efectivos.

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La agenda se reactivo tras el viaje tierra colombiana que realizaron fiscales paraguayos para recabar información que cuenta el ministerio público de ambos países, tras la condena de los sicarios que perpetraron el magnicidio.

La reunión binacional de fiscalías se hará con el trasfondo del episodio dado a conocer días atrás, en el que se mencionaba la intención de la DEA norteamericana, de extraditar a los condenados en torno al caso.

Esa posibilidad se afianzó después de declaraciones de referentes del poder Judicial de Colombia, que señalaron como factible la extradición.

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Estados Unidos habla adelantado su intención de esclarecer a los autores morales del crimen de Pecci. Eso al punto en que ofreció una recompensa de USD 5 millones, por datos que lleven al que ordenó y pago la muerte del fiscal antimafia.

Según publicaciones de la prensa colombiana, el interés de EEUU en el aso Pecci, tendría relación con la supuesta colaboración que tenía el asesinado funcionario paraguayo con Estados Unidos, en la pesquisa en torno a grupos terroristas que operan en la Triple Frontera. Esto explicaría la intención norteamericana de llegar al fondo del asunto.

Desde la cartera estatal señalan que este progreso está acercando cada vez más el sueño de más de 30.000 compatriotas que residen en dicha región del país.

El ingeniero Miguel Martínez, jefe de obra de la contratista WHEEL.CO S.A., destacó la importancia económica de la zona, principalmente enfocada en la agricultura y la ganadería. “En este sector se cultiva mucha mandioca, hay producción lechera y también ganadera. Es un área en pleno desarrollo”, señaló el profesional.

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El trayecto, cuyas obras de pavimentación asfáltica están en pleno desarrollo, parte desde la ciudad de Maracaná, pasando por numerosas comunidades productivas del departamento de Canindeyú hasta llegar al barrio San Pedro, ya dentro del segundo departamento del país.

CARACTERÍSTICA DE LA OBRAS

La calzada contará con un ancho de 7 metros y una carpeta asfáltica de 5 cm de grosor, mientras que las banquinas tendrán 1,5 metros a cada lado, compuestas por una capa de asfalto de 3 cm.

Además, el proyecto prevé la instalación de señalización vertical y horizontal, tachas y tachones reflectivos, barandas de defensa metálicas, cordón cuneta, empastado, así como la construcción de 2 nuevos puentes de hormigón armado.

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La constructora encargada es WHEEL.CO S.A., que tiene un plazo de ejecución de 18 meses para concluir la obra, mientras que la fiscalización corre a cargo de la consultora Guaraní S.A.

Todo esto demandará una inversión de G. 54.875.917.365, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo (Fonplata).