Diputados aprueban interpelar a Juan Ernesto Villamayor

Los diputados aprobaron por amplia mayoría el proyecto de resolución “Que cita e interpela al Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia Juan E. Villamayor”, para el próximo miércoles 20 de enero, a las 09:00.

Los miembros de la Cámara Baja van tras Juan Ernesto Villamayor por su participación en las negociaciones del fallido acuerdo secreto de Petropar con PDVSA.

“Son denuncias graves que deben ser esclarecidas, es un escándalo de supuesta irregularidad que hizo tambalear a un Gobierno externo”, dijo el diputado colorado Raúl Latorre a los medios de prensa.

El legislador indicó que desea ver los documentos respaldatorios para llegar al fondo de la verdad, ante los dimes y diretes y contradicciones que se generaron.

El político consideró que si se constata la irregularidad, el jefe de Gabinete Civil deberá dar un paso al costado. Así también, su colega Basilio “Bachi” Núñez coincidió que Villamayor debe renunciar ante este escándalo.

SOBRE EL CASO

Villamayor dice que Sebastián Vidal, abogado de Petropar, fue quien solicitó la reunión que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019, en la que Venezuela presentó el borrador de un planteamiento de negociación de la deuda de Petropar Con PDVSA y no al revés como sostiene Troconis.

El proyecto, llamativamente favorecía de manera muy generosa al Paraguay, pues establecía una quita del 50 % del capital de la deuda, que en aquel entonces llegaba a 265 millones de dólares, es decir, Petropar debía pagar solo 130 millones de dólares para dar por cancelado el pasivo.

La propuesta, según el jefe de Gabinete Civil, pasó por Hacienda, Procuraduría y Petropar, pero fue devuelta al ser “impracticable”, ya que no existía garantía de que la administración de Guaidó tuviera personería jurídica en el litigio, por lo que se corría el riesgo de pagar un dinero que termine sin ser reconocido.

La Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela sometió a un interrogatorio el 2 de octubre pasado a Javier Troconis, comisionado de Juan Guaidó para gestionar activos de Venezuela en el extranjero.

En su declaración, Troconis sostuvo que la propuesta nunca partió de Venezuela y que en realidad provino del Gobierno de Paraguay, pero que decidieron rechazarla porque no les parecía conveniente.

 

Abdo veta ley que transfiere Marina Cué a familias campesinas

El Poder Ejecutivo vetó totalmente la Ley 6.700/2020, que establecía la desafección de 1.700 hectáreas para la formación de un asentamiento en las tierras conocidas como Marina Cué, alegando que esta expropiación va en contraposición a la Ley de Deforestación 0 en la Región Oriental, ampliada por 10 años más en diciembre de 2020.

La titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, indicó en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo decidió vetar la normativa ya que la expropiación de las 1.700 hectáreas incluyen a la Reserva Yberá para su transformación como asentamiento humano, en oposición a la Ley 6.666/20.

“La intención de establecer un asentamiento humano en el área donde existió cobertura forestal durante la vigencia de la Ley de Deforestación 0, desde diciembre de 2004, genera un delito para quien lo realice o genere un documento jurídico que ampare dicho acto”, resaltó.

Por su parte, la presidenta del Indert, Gail González, anunció que se planteará un nuevo proyecto que considere la expropiación de 806 hectáreas, excluyendo a la reserva forestal, para su transferencia a esa institución para luego hacer un censo de familias a ser beneficiadas con una distribución equitativa de las tierras.

 

COVID-19: Desarrollan plataforma digital de agendamiento para recibir la vacuna

El titular de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera adelantó que el Ministerio de Salud desarrolla una plataforma digital para que las personas, dependiendo del grupo de riesgo, puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 mediante el agendamiento previo. Indicó que los estudios serológicos en Central y Capital se realizarán cada un mes para medir la epidemia y su impacto.

El epidemiólogo manifestó a radio Ñanduti que los estudios serológicos en Asunción y Central se realizarán cada un mes a fin de saber cómo se mueve la epidemia, además de medir la velocidad de propagación, lo que ayudará también a saber cuánto tiempo puede durar una segunda ola sin cambiar la estrategia de vacunación.

Sobre las vacunas, indicó que se llevará a cabo durante todo este año donde la prioridad es el personal de blanco porque el objetivo es disminuir el impacto, ya que tienen mayor exposición al virus. Además, dentro del grupo incluyó también a los adultos mayores de 60 años, debido a que 7 de cada 10 mueren a causa de la enfermedad, según afirmó.

Detalló que en la fase 2 ingresan los menores de 60 años con alguna comorbilidad, y en la fase 3 la población en general en los meses de mayo o junio.

Por otra parte, Sequera adelantó que el Ministerio de la Salud desarrolla una plataforma digital de agendamiento para recibir la vacuna contra el COVID-19, cuyas novedades se tendrán la próxima semana.

Agregó que dicha plataforma es similar al padrón electoral, ya que con solo ingresar el número de cédula se sabrá dónde y a qué grupo corresponde la persona que recibirá la dosis.

“Esta semana o la otra tendremos novedades sobre una plataforma online donde la gente va a poder registrarse, así como el sistema para votar, pones tu número de cédula y te dice en qué escuela electoral vas a votar, es algo parecido y también ordenando el grupo de riesgo”, expresó el doctor, mencionando que la aplicación será destinada primeramente para las personas que conforman la fase 1.

Por último, el especialista recomendó a la ciudadanía a cumplir con las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, uso del tapabocas, respetar el distanciamiento físico y no compartir cubiertos, mate o tereré, entre otras acciones que impliquen riesgo de contagio.

 

Congreso sanciona ley que acelera compra de vacunas contra el Covid-19

El Congreso Nacional sancionó este miércoles el proyecto de ley “Que declara de Interés Público la Investigación, Desarrollo, Fabricación y Adquisición de las Vacunas contra el COVID-19”.

El mencionado proyecto, planteado por el propio Ministerio de Salud, busca facilitar la compra de las vacunas contra el COVID-19 directamente con las empresas fabricantes, por fuera del mecanismo COVAX de la OMS.

De esta manera, se facultará al Ministerio de Salud Pública a suscribir contratos con los laboratorios que cuentan con vacunas autorizadas en carácter de emergencia, pudiendo incluir cláusulas de aplicación de ley extranjera, prórroga de jurisdicción y arbitraje, indemnidad patrimonial, exención de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad, con el único objetivo de acceder a la cantidad suficiente de dosis de la vacuna para su utilización contra el COVID-19 en el menor plazo posible y así proteger la salud de la población.

El texto sancionado además establece que las vacunas serán distribuidas de forma gratuita en el país y no será de aplicación obligatoria.

También involucra a la Procuraduría General de la República en los procesos de negociación a fin de precautelar los intereses genuinos de la Patria, la Contraloría General de la República, para su estudio y dictamen correspondiente del contrato, y la remisión de los antecedentes a las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso Nacional.

El documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su consideración.