El diputado Carlos Rejala dijo que está conversando con sus colegas y haciendo el lobby correspondiente para lograr una mayoría por el rechazo al veto del Ejecutivo al proyecto de Ley que cancela y anula las facturas de ANDE y Essap, en periodo de cuarentena.

“Más de 40.000 usuarios prácticamente fueron estafados con groseras sobrefacturaciones en su consumo de energía eléctrica y esto no puede quedar así. Desde hace días estoy conversando con varios colegas para que en mayoría rechacemos el veto del presidente Mario Abdo. Si logramos el rechazo, la ley va a ser promulgada y van a ser anuladas todas las facturas en tiempos de cuarentena. También se reconocerá el pago que ya realizaron los usuarios”, mencionó el diputado de Hagamos.

Rejala agregó que esta Ley supondrá un alivio para miles de familias que están pasando mal por la crisis y que el gobierno debe hacerse cargo de ese costo.

“La gente se quedó en su casa porque el gobierno le pidió, dejó de trabajar cuatro meses, se le dio subsidios que son migajas para comer una semana, y encima se le sobrefacturó el consumo de energía eléctrica. Mucho castigo para un pueblo con hambre y nosotros como representantes debemos dar un alivio a la gente y un mensaje claro al Ejecutivo que no se juega con el pueblo”, sentenció.

Hace cuatro días, el Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo. Con 35 votos, los legisladores de la Cámara Alta se ratificaron en la versión del Congreso que establece cancelar las facturas emitidas sin lectura de medidor por seis meses.

Esta versión permitirá emitir una sola factura que podrá ser fraccionado en 18 meses, las mismas se sumarán a las facturas del consumo emitidas a partir del mes siguiente a la promulgación de la ley. También se reconocerá el pago que ya realizaron los usuarios. La franja de exoneración se aumentó a 1.000 kWh/mes, lo que permitirá alcanzar a los emprendedores y a la clase media.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.