En sesión extraordinaria, los diputados dieron estudio al proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”, remitido por el Senado.

La decisión fue aprobar la normativa, pero con modificaciones, con base en los dictámenes dados a conocer por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros y de Ciencia y Tecnología, según informa la Cámara Baja.

La propuesta tiene por objeto regular las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos.

Se apunta a garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de su generación y comercialización.

Según explicaron los legisladores, la eventual ley será de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica domiciliada en Paraguay, que se dedique a las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, producción, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.

La iniciativa establece la autoridad de aplicación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que coordinará las actividades de registro, supervisión y control junto con la Comisión Nacional de Valores; la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Se pronunciaron a favor de la propuesta, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Carlos Rejala (PPH-Central); Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); entre otros.

En contrapartida, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó detalles de un dictamen negativo de la Comisión de Presupuesto.

Explicó que algunas instituciones, a pesar de ser consideradas muy importantes para los alcances de la normativa, no acompañan la aprobación y se manifiestan abiertamente en contra, como el MIC, donde se enfatiza el bajo impacto en creación de empleos con relación al consumo energético que requiere.

También mencionó al BCP, que en su informe remitido da cuenta que el proyecto no cumple funciones básicas del dinero y constituye inversiones de alto riesgo, pudiendo generar “falsa sensación de seguridad con relación a la tenencia de activos”.

“No compensa los costos en cuanto a consumo de electricidad; la Comisión de Presupuesto recomienda el rechazo”, dijo el diputado Rojas, al tiempo de recordar que también la SET, SEPRELAD y la Comisión Nacional de Valores, están en contra.

Respondió a los cuestionamientos el parlamentario Sebastián García, que dijo que “es cierto que implica un alto consumo energético, pero es cierto, igualmente, que se han fijado topes y habrá atribuciones para las instituciones, a los efectos de poner plazos, tiempo límite para que el consumo de energía vaya en línea con la disponibilidad”.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, tajantemente, señaló que “esto va a favorecer el lavado de dinero y el crimen organizado”.

“Si no lo aprobamos, va a seguir siendo un negocio irregular, sin control”, expuso, a su vez, el diputado Celso Kennedy.

Finalmente, tras un extenso debate, el plenario optó por aprobar este proyecto y tener en cuenta ciertas modificaciones impulsadas por las referidas comisiones de Asuntos Económicos y de Ciencia y Tecnología, que encabezan los diputados Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García, respectivamente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.