En febrero del año pasado, luego de darse una veintena de impu­taciones en el caso “Cabeza Branca”, se abrió otra causa penal por lavado de dinero a entidades financieras (entre ellas el banco Atlas) por otor­gamiento irregular de prés­tamos.

El fiscal Osmar Legal relató que la nueva causa fue un desmembramiento de la car­peta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien desde el 2017 investiga a Luiz Carlos da Rocha por narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la inves­tigación (”Cabeza Branca”) surgen indicios de faltas de diligencias de parte de algu­nos bancos para el otorga­miento de créditos y se abre una causa por los hechos punibles de lavado de dinero”, dijo el fiscal.

Esta es la nómina de los principales directivos del banco Atlas, quienes podrían ser imputados por lavado de dinero.

Legal es de la Unidad de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo y explica que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación incipiente. “Ya con los técnicos financie­ros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, acotó.

El fiscal explica que se debe ver la responsabilidad penal y la responsabilidad adminis­trativa. En el caso de corro­borar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quiénes fueron los responsables del delito. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los represen­tantes. Nosotros tenemos que ver hasta dónde llegan las res­ponsabilidades (para impu­tar a los directivos), no pode­mos descartar ni confirmar aún”, manifestó. El delito de lavado de dinero tiene una pena carcelaria que va hasta cinco años.

Hasta ahora en el marco de las investigaciones se libra­ron oficios para las entida­des financieras e institucio­nes públicas, como Senabico. “Estamos recolectando las pruebas, tratamos de nutrir­nos de elementos para ver si tomamos la decisión de impu­tar”, expuso.

Banco Atlas reconoció que realizó operaciones finan­cieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.

A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccolillo) ale­garon que se está preten­diendo supuestamente ins­talar una situación falsa para desprestigiar a la institución.

Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA, donde figura Gilberto Suárez como presidente de la empresa y fue quien acce­dió a la línea de crédito, ofre­ciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Suárez, imputado por lavado de dinero, es el presta nombre del poderoso narco “Cabeza Branca”, según reveló la Fis­calía. A la vez, la estancia ofre­cida para ese crédito está a cargo de Senabico.

Para Atlas, el destino del cré­dito otorgado por el banco fue la cancelación de un préstamo en otra entidad bancaria y la financiación de un proyecto de inversión ganadera.

as revelaciones en la carpeta fiscal que cuenta con 115 tomos son claves para entender el esquema montado por el capo narco y la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero.

VÍNCULO DE ATLAS Y EL PODEROSO NARCO

En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño. Gilberto Suárez, cliente de Atlas, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito y puso la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar el dinero prestado.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico soli­citó suspender el remate e ini­ció un litigio que sigue pen­diente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría partici­pado activamente en opera­ciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil finan­ciero, y de esta manera contri­buir a la integración de sumas de dinero producto del nar­cotráfico”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.