Directivos del banco Atlas se exponen a 10 años de cárcel por lavar dinero sucio de Leoz

Nómina de los principales miembros de la comisión directiva del Banco Atlas.

El banco de la familia Zuccolillo recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía una orden de captura con fines de extradición a EE.UU y orden de prisión en su contra, la suma de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sea objeto de embargo. La ley castiga el delito de lavado de dinero con hasta 10 años de cárcel. El banco se expone a fuerte multa o cierre temporal de hasta 180 días.

Fuente: La Caja Negra – Unicanal

Los resultados de una auditoria interna de carácter confidencial a los que accedió La Caja Negra sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz revelan que el banco de los Zuccolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos. Tampoco consta que haya reportado la operación como sospechosa. Los gerentes y directores del Banco Atlas se exponen a ser procesados penalmente.

El 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate y cuando ya pesada contra Nicolas Leoz un pedido de captura con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez penal en Paraguay había ordenado su prisión domiciliaria, el Banco Atlas autorizó la Constitución de dos fideicomisos por valor de US$ 6 millones. El Banco Atlas, cumplió con su obligación de reportar como sospechosa la operación de fideicomiso solicitada por Leoz?

En la carpeta fiscal sobre la investigación penal abierta por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera no consta ningún documento que certifique que la operación fue reportada como sospechosa por el banco Atlas. La Seprelad fue alertada de esta operación?

Esta es la nota de respuesta del presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, al requerimiento de la justicia de los EEUU. Invocaron el secreto bancario para no colaborar con la investigación sobre el caso Leoz.

De acuerdo a las normas y leyes que rigen al sistema bancario y tienen como fin la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo los bancos están obligados a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones a los efectos de verificar que el tipo y volumen de operaciones sea congruente con su actividad económica declarada, activos que posee y en general, con su perfil del cliente.

Si las operaciones del cliente no se ajustan al perfil y no hubiere justificación razonable para estas incongruencias, o si hubiere alguna operación que constituya una “señal de alerta” sin justificación sensata, la entidad bancaria está obligada a remitir el reporte de operación sospechosa (“ROS”) a la SEPRELAD dentro de un plazo máximo de 90 días computados desde la detección del hecho.

En caso que el banco Atlas haya omitido estas diligencias para certificar el origen de los fondos invertidos por Leoz bajo la figura del fideicomiso, los gerentes y directorios del banco que integran el comité de cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero podrían ser procesados por lavado de dinero y negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

A QUÉ SE EXPONE EL BANCO ATLAS:

Nota de apercibimiento: Consiste en una comunicación escrita y dirigida directa y personalmente al sujeto obligado, donde el supervisor, luego de constatar en un sumario administrativo las faltas en las que aquel incurriere, le formula una advertencia u observación con respecto a la infracción cometida.

Amonestación pública: Consiste en una comunicación pública que realiza el órgano supervisor, sobre una falta del sujeto obligado constatada en un sumario administrativo. En la práctica, estas comunicaciones se realizan en uno o varios diarios de gran circulación del país. Los gastos de la publicación deben ser abonados por el ente sancionado.

Multa de entre el 50 (cincuenta) al 100 (cien) por ciento del monto de la operación en la cual se cometió la infracción. Debe resaltarse que la norma no alude al beneficio obtenido por el sujeto obligado. La norma se refiere directamente a un porcentaje de la operación realizada con indiferencia a las normas de prevención de lavado de dinero aplicables.

Otro aspecto llamativo y que denota la responsabilidad del banco Atlas se relaciona con la propia finalidad del fideicomiso constituido por orden de Leoz. En ambos contratados se estableció que el producto de los bienes que integren el fideicomiso serían utilizados para pagar los gastos de salud y aquellos derivados de los procesos judiciales que involucren a Leoz.

Tanto por los hechos públicos y notorios de aquel momento que apuntaban a Nicolás Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero, y también por la finalidad de la operación (pagar gastos de salud y de procesos judiciales) el Banco Atlas debió haber sido proactivo en la recolección de la información del cliente, en el análisis de la justificación de la operación y tenía la obligación de reportar la operación fiduciaria como sospechosa.

BLINDAJE

El principal efecto generado con la figura del fideicomiso es la de sustraer los bienes del cliente, convertirlos en un patrimonio autónomo y así evitar que sean objeto de embargos judiciales. Es decir, el Sr. Leoz tenía la garantía de que los fondos invertidos en el fideicomiso no serian afectados por ninguna medida judicial.

Otro punto cuestionable es lo dispuesto en la cláusula 10.1 de ambos contratos de fideicomiso, donde se stablecía el derecho del fiduciario (el banco Atlas) a “renunciar a su gestión en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas a cargo del Fideicomitente (Leoz), establecidas en el contrato o en la normativa aplicable “y/o en el caso que por cualquier causa, fuera sujeto a un procedimiento o investigación por algún organismo de control o supervisión en razón del presente negocio fiduciario”.

Es decir, Banco Atlas pactó expresamente que se reservaba el derecho a renunciar al fideicomiso, si surgiere alguna investigación de algún organismo de control. Y es aquí donde nos preguntamos:

¿No debería haber sido el Banco Atlas el primero en controlar el origen de fondos y alertar sobre el propósito de la constitución de los fideicomisos?

VERSIÓN DE ATLAS

El Banco Atlas rechaza “por falso y temerario” el no haber reportado los hechos que las normas imponen y el haber recibido dinero de origen ilícito del señor Leoz.

La entidad bancaria asegura haber cumplido con su deber de sujeto obligado en tiempo y forma.

Argumenta que recibió del señor Leoz, fondos de actividades comerciales locales habituales, cuyos orígenes son absolutamente trazables y su legalidad demostrable. Agrega que nunca se prestó a una estrategia de ocultamiento de bienes.

En cuanto a la auditoría forense independiente contratada por la Conmebol, Atlas dice no haber sido mencionado en el informe.

INFOGRAFIA

Leé también


 

Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

Leé también


 

Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

Leé también


 

Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

Leé también