“Itaipú Binacional como planta hidroeléctrica no fue afectada en absolutamente nada”, señaló Silva e Luna en una rueda de prensa con periodistas invitados a conocer las instalaciones de la represa.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se vio obligado a sustituir a varios colaboradores en medio de la crisis política generada después de que la prensa de su país filtrara los términos de una polémica acta que Paraguay firmó con Brasil, que establecía un cronograma de compra de energía de Itaipú hasta 2022 y que tuvo que ser anulada días después de que saliera a la luz.

Para descomprimir la tensión, Abdo Benítez relevó a varios altos cargos, incluido al canciller Luis Alberto Castiglioni; el entonces director general de Itaipú, José Alderete; y el ahora expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira.

Sin embargo, el director general brasileño de la hidroeléctrica apuntó que el cambio de dirigentes y la crispación política en nuestro país no ha interferido en las relaciones bilaterales en el interior de Itaipú, y confía en que la situación se solucionará “rápidamente”.

Agregó que el ambiente de “hermandad, compromiso y amistad” que “une” los trabajadores de Itaipú Binacional permanece.

El general brasileño, exministro de Defensa del entonces presidente Michel Temer (2016-2018) y quien asumió el puesto como director de Itaipú el pasado 26 de febrero, apuntó además que, pese a la crisis política en Paraguay, la hidroeléctrica mantuvo sus actividades normalmente.

“La misión de Itaipú es producir energía y entregarla”, sintetizó Silva e Luna, quien añadió que ahora resta “aguardar” que las partes responsables de determinar los términos de contratación de energía “alcancen un entendimiento”.

Los voceros de la hidroeléctrica explicaron que el proceso de negociación de compra de energía “no depende de Itaipú”, sino de la estatal Eletrobras, en el caso de Brasil, y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el de Paraguay, que son los órganos estatales responsables de la generación y distribución de energía en sus respectivos países.

En la rueda de prensa, Silva e Luna también hizo un balance de sus primeros seis meses al frente de la hidroeléctrica como director general y señaló que la “transparencia”, una política de “austeridad” y el “cuidado” con el carácter binacional de Itaipú son las principales directrices de su gestión.

El director subrayó además que su administración está centrada sobre todo en impulsar el desarrollo regional de los municipios situados en los alrededores de la represa.

También destacó entre los principales proyectos de su administración la modernización tecnológica de la hidroeléctrica y la construcción del Puente de la Integración Brasil-Paraguay, una segunda conexión entre los dos países que será construida sobre el Río Paraná.

La previsión para la entrega de este puente, cuyas obras ya se iniciaron, es de tres años y, en total, serán invertidos unos 463 millones de reales (unos 118 millones de dólares). EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.