Así lo señaló Jaime Saavedra, economista, docente, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y exministro de Educación de Perú en dos gobiernos. Fue durante el programa Plaza Pública DENDE, donde se analizó el tema “La crisis de la educación: Pasar del discurso político al real. Compromiso político para superarla”, moderado por Yan Speranza.

Saavedra explicó que en los últimos 40 años en América Latina hubo una expansión y un mayor interés porque la educación llegue a las masas y se observa que las tasas de escolaridad han crecido en toda la región. La educación primaria tiene una cobertura de casi el 100 % en todos los países de América Latina, y la educación secundaria presenta coberturas de entre el 70 % y el 80 %, debido al abandono a lo largo del ciclo escolar.

Comentó que este aumento de la cantidad de alumnos en las escuelas, así como de maestros, para atender esas escuelas no fue acompañado por el nivel de gasto por alumno. Agregó que se mantuvieron los niveles de gasto, pero repartidos en más alumnos y más maestros. “Hoy en la región se gasta, en promedio, 1.200 dólares por alumno en la primera; ese número en Paraguay es 700 dólares, mientras que en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) es de 8.000 dólares”, comparó.

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A ello se suma que si bien hubo una expansión de la educación secundaria, fue a un doble o a un triple turno, con lo cual cada alumno de secundaria asiste a clases de solo tres a cuatro horas. Otra problemática planteada por el exministro de Educación de Perú es que no se ha invertido lo suficiente en la preparación de los docentes. Añadió que no se puede brindar una mejor educación si no mejoran los incentivos a los maestros, ni se busca que estos internalicen la importancia de su rol.

Expresó que en el discurso político la educación es prioritaria, importantísima y la clave del desarrollo, pero no hay compromiso real por mejorarla. “Además de ese compromiso, necesitas un alineamiento político, no sólo del Ejecutivo, sino del Congreso, los sindicatos, los proveedores privados, los padres de familia, que todos actúen en términos de definición de políticas en función única y exclusivamente al bienestar del niño”, apuntó.

INVERSIÓN EN PRIMERA INFANCIA

Sobre la inversión en la primera infancia, Saavedra dijo que hay muchísima evidencia científica de la importancia que tiene el cuidado de la madre durante el embarazo y del niño durante los primeros 8 años de vida, así como de brindarle un conjunto de servicios y de estímulos al infante que permitan su desarrollo neuronal.

Señaló la importancia de que instituciones como los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y de la Niñez trabajen en conjunto y cumplan con distintas funciones y servicios para atender al niño durante esos primeros años de vida, alineados con el foco del desarrollo infantil temprano.

Expresó que en este punto hay países que han avanzado en la educación pre primaria. Puso como ejemplo a Paraguay, donde un 50 % de los niños de entre 3 y 5 años están matriculados en el Jardín o Preescolar. “No está mal 50%, pero debería ser 100. Hay una mejora sustancial y eso tiene que continuar, pero eso no es suficiente: 3, 4 y 5 años no es suficiente, tienes que invertir también del año 0 a 3 años, y es muy claro ahora la evidencia que la inversión en esos 3 primeros años o en esos primeros 6 años tienen un impacto de los chicos en el rendimiento en primaria, tiene un impacto en el hecho que los chicos continúen y completen su ciclo su ciclo escolar hasta el final de la secundaria, y tiene un impacto en la adultez”, manifestó.

Expresó que para poder implementar una política pública en los sectores sociales, se necesita buen diseño, recursos, alineamiento político y capacidad de implementación.

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“Lo conversábamos con el presidente (Santiago Peña) y con el ministro de Educación (Luis Ramírez), como que ya sabemos cómo funciona una escuela bien y sabemos cuáles son los requisitos mínimos para que la escuela tenga las condiciones para que el niño aprenda, la receta la sabemos. El problema es que tenemos que implementarlos en las 7.000 escuelas que hay en el Paraguay. Y entonces ya no es un reto saber qué es lo que hay que hacer, sino es un reto de gestión, es un reto de logística y de capacidad administrativa”, aseveró.

PRIORIZAR LA FORMACIÓN POR SOBRE LA POLÍTICA

Saavedra indicó la necesidad del compromiso político de generar las capacidades de gestión y burocracias correctas en los sectores sociales, de manera que todo maestro y que todo director de escuela sea contratado en función a sus capacidades y de manera meritocrática y nunca de manera política.

Puso como ejemplo el caso de la provincia de Mendoza, Argentina, que logró una mejora sustancial en aprendizaje tras regresar a las escuelas luego de la pandemia, anteponiendo el bienestar de los niños.

Otro caso citado por el exministro peruano es el del estado de Ceará, Brasil, que empezó en el municipio de Sobral, donde también hubo el compromiso político de tomarse en serio la educación. Comentó que como primer punto decidieron cambiar el proceso de selección de directores de las escuelas y de maestros a un proceso meritocrático, y en segundo lugar se aseguraron de que todo niño recibiera materiales, que todo profesor tuviera sesiones de aprendizaje, decidieron medir los aprendizajes continuamente para que cada maestro supiera la trayectoria de aprendizaje de cada de cada chico, y además mejoraron los métodos, utilizando un método fonético para enseñar a la lectura.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.