El magistrado Ovelar, estaba por fijar la fecha para el juicio oral que debe afrontar Natalia Zuccolillo y su periodista Juan Carlos Lezcano por una querella por difamación y calumnia promovida por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González y para evitar eso la directora de ABC Color contrató al abogado Álvaro Arias, para que integre su staff de defensores donde están ya desde hace un año César Coll y Rodrigo Yodice.

Ante esto el juez Ovelar, dijo que tenía un amistad con el abogado Arias, por lo que debía inhibirse y así lo hizo, sin embargo la jueza Olga Ruiz impugnó esa decisión alegando que primero su colega solo dijo que era amigo de Arias y nunca agregó las pruebas de eso como exige la ley, también apuntó que se debió cancelar la personería jurídica del nuevo defensor, ya que a las claras su inclusión en el proceso era para apartar a Ovelar. La querellada no puede alegar indefensión ya que hace más de un año que cuenta con dos abogados de su confianza y no necesita de un tercero.

Finalmente la jueza invocó el Código Procesal Penal que en su artículo 112 habla de la Buena Fe de los litigantes y donde se expresa claramente que las partes no podrán designar durante la tramitación del proceso abogados que tengan causales de inhibición con el juez con la sola intensión de apartarlos del caso y que el magistrado cancelara la personería del abogado en cuestión, sin prejuicio de las demás sanciones que el código estable.

De esta manera la magistrada Ruiz, deja en claro que la inclusión de Alvaro Arias es meramente dilatoria y pide que el juez Ovelar sea el que siga entendiendo en el caso y que se sanciones a las partes como lo establece el Código.

Llama mucho la atención que Natalia Zuccolillo, contrate al abogado Álvaro Arias, a quien desde el medio que ella dirige lo suelen tratar de chicaneo, atendiendo a que representa a Raúl Fernández Lippmann, en dos procesos, uno en el caso audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y otro por enriquecimiento ilícito, en los cuales el profesional del derecho presenta incidentes que hacen que ambos procesos se dilaten.

Sin embargo ahora Natalia Zuccolillo recurre al mismo abogado para que también se preste a chicanear su proceso y no someterse a la justicia. Este querella se instauró el setiembre del año pasado y debido a las chicanas que presentan ambos procesados es que ya se dilató por más de un año. Por eso se tiene que aplicar indefectiblemente las sanciones disciplinarias establecidas en el Código para situaciones como estas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.