El documento hace referencia a la portada de La Nación del 10 de setiembre pasado, cuyo título fue “La Contraloría con­firma enorme malversación de Carla Bacigalupo”, y el mate­rial publicado en la página 6 titulado “Contraloría halló irregularidades en millona­ria licitación del SNPP”.

El documento señala lo siguiente: “La nota de tapa parte de una premisa absolu­tamente falsa, ya que el dicta­men técnico DGCCPE Nº 11 de fecha 11 de agosto del 2019, elaborado por la Dirección General de Control de Contra­taciones Públicas del Estado, dependiente de la Contralo­ría General de la República, en ningún momento ha men­cionado la existencia de una posible malversación o la con­figuración de un perjuicio patrimonial en el marco de la LPN Nº 10/2018 ‘Adquisición de Simuladores de Máquinas Pesadas para el SNPP’, AD Referéndum, ID 349874”.

Agrega que “en atención a que el término ‘malversación’ está siendo utilizado en forma insistente e indebida por vues­tro medio de prensa, tórnase necesario recordar que bajo las formas del Código Penal de 1890 (ya derogado), solo era tipificado y penado el pecu­lado, tipo penal que según expresiones del propio proyec­tista de ese Código, profesor Teodosio González, como ele­mentos indispensables para su configuración requería de la aplicación de esos valores (distraídos) en provecho per­sonal propio (del agente) o de un tercero y, además, el móvil de lucrar o hacer lucrar a un tercero, en perjuicio del dueño del caudal confiado a su admi­nistración o custodia” (sic).

“Sin embargo, reiteramos enfá­ticamente que en ningún apar­tado del informe de la Contra­loría General de la República se menciona, siquiera se insi­núa, la posible existencia de malversación o perjuicio patri­monial, razón por la cual no se comprende la inclusión del tér­mino en la misma tapa del dia­rio”, sostienen.

Continúa diciendo que “en cuanto al artículo contenido en la página 6 del diario La Nación, en relación a presun­tas irregularidades detecta­das en la Licitación Pública Nº 10/2018, llevada adelante por el SNPP, es oportuno remarcar que las observacio­nes contenidas en el informe elaborado por la Contraloría General de la República, con­forme se menciona expresa­mente en el mismo, son subsa­nables mediante la aplicación de medidas correctivas, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas”.

“Igualmente, es de resaltar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha tenido intervención en todo el proceso. La convocante, incluso, procedió a reevaluar las ofertas, luego de la cual el propio órgano de control (DNCP) procedió a emitir el Código de Contratación Nº 165.048, en fecha 12 de diciem­bre de 2018, autorizando con ello la erogación”, señala.

Dice también que “los equipos adquiridos a través de la LPN Nº 10/2018, simuladores de marca Simfor de procedencia española, están siendo utiliza­dos normalmente en el SNPP, órgano dependiente jerárqui­camente del MTESS, razón por la cual es dable sostener que los fondos han sido cana­lizados correctamente y des­tinados a los fines institucio­nales, como todas y cada una de las adquisiciones de bienes y servicios llevadas adelante por esta administración”.

CONTRA EL HONOR

“La libertad de prensa y de expresión, garantizada de manera más amplia por el artículo 26 de la Constitu­ción Nacional, reconoce como única limitación el derecho de terceros. No puede ni debe ser ejercido aquel derecho aten­tando contra el honor y la reputación de las personas, sobre todo en forma absoluta­mente ligera e irresponsable. Asumimos que un mejor y más detenido análisis del informe remitido por parte de la Con­traloría General de la Repú­blica sobre el particular sería de suma utilidad”, menciona.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.