Tina Alvarenga, de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, en contacto con Radio Nacional habló sobre el caso de expropiación de tierras a favor de los indígenas de Sawhoyamaxa en Presidente Hayes.

En ese sentido, calificó de “inmoral y éticamente una locura” la intención de las empresas Roswell Company S.A. y Kansol S.A. que aspiran al cobro de una indemnización que ronda los G. 198.000 millones (cerca de US$ 39 millones).

“Están queriendo dilatar y ver si pueden conseguir algo más en alguna instancia, teniendo incluso ya un rechazo de la Corte Suprema de Justicia. Ellos no tienen problemas en esperar mientras la gente sobrevive en lo que son sus tierras, es inaceptable e inmoral y raya la ilegalidad”, comentó Alvarenga a la 920 AM.

A su vez, dijo que a pesar el Estado paraguayo haya desembolsado una importante suma de dinero para el pago de la indemnización por dichas tierras, lastimosamente “siempre hay gente de diferentes esferas en el poder que quiere sacar una tajada”.

Tina Alvarenga recordó que estas tierras, al ser ancestrales, están protegidas por la Constitución Nacional, reconociendo la preexistencia de los pueblos originarios de nuestro país y garantizando el desarrollo de su forma de vida.

En caso de darse una respuesta favorable en el ámbito de la justicia, será una victoria para los pueblos indígenas y marcará un precedente, expresó la dirigente, al tiempo de considerar que “será una esperanza para otros pueblos indígenas que están luchando por recuperar sus territorios ancestrales”.

El conflicto de la comunidad Sawhoyamaxa comenzó en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando un ganadero alemán de nombre Heribert Roedel expulsó de sus terrenos a los indígenas pertenecientes a la etnia Enxet, obligándolos a subsistir al borde de la ruta Pozo Colorado – Concepción, frente mismo a las tierras que anteriormente ocupaban.

“HAY OPERADORES DE PESO EN ESTO”

Por su parte Aldo Zaldívar, titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en contacto con la 970 AM refirió que los intereses en este caso son cuantiosos, considerando la importante suma de dinero que está en juego.

“Estamos seguros que van a haber operadores de peso en esto”, aseguró Zaldívar, refiriéndose a aquellos que presionan para obtener el fallo a favor de las empresas privadas. De acuerdo a fuentes judiciales, uno de ellos sería el diputado Julio Javier Ríos, representante de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura.

Sobre el mismo punto, refirió: “Son prácticas que vienen de otros tiempos y que en estos tiempos ya no se pueden dar”.

El titular del INDI pidió que “la justicia no tape sus ojos a esta realidad”, pues sostiene que se pretende despojar al Estado paraguayo de una cuantiosa cantidad de dinero (G. 198.000 millones o US$ 39 millones) que puede servir para otro tipo de acciones.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.