El agente fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra un exdirectivo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), otros funcionarios de la institución y dirigentes campesinos de varias organizaciones, todos acusados por Lesión de Confianza. Los sindicados fueron hallados culpables y condenados a cumplir penas de entre 10 a 2 años, respectivamente, de privación de libertad.

Las condenas se detallan de esta manera: los funcionarios del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES-INDERT), César González Parini, quien se desempeñaba como director, fue condenado a 10 años.

Los dirigentes de la ONG Fundación Nación Guaraní, Ronald Guerrero y Armando Báez, fueron condenados a 10 y 8 años, respectivamente. Los dirigentes de la ONG MCENOP, Luis Aguayo y Antonio Gayoso, fueron condenados a 8 años. De la ONG. ANAPA, María Ester Leiva y Gilberto Ruiz, recibieron 8 años de privación de libertad. Sin embargo, hasta que quede firme la condena todos gozarán de medidas sustitutivas.

Mientras los funcionarios Eulalia Cardozo, Irma Piñánez y Sergio Ortega, fueron condenados a 2 años, con suspensión de condena, para ellos serán aplicadas pautas de conducta impuestas por el Tribunal.

El fiscal anticorrupción había solicitado, durante el desarrollo de sus alegatos finales, la pena de 12 años de cárcel para el exdirector y 10 años para los dirigentes campesinos.

Los antecedentes señalan que estas personas son sindicadas como responsables de un perjuicio de más de G 3.800.000.000 que debían ser destinados a familias campesinas, a través de organizaciones y oenegés, en el marco de programas de fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar, cuyos proyectos debían ser supervisados por el FIDES (Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible), dependiente del Indert.

El fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero señaló: “finalmente terminó el Juicio Oral sobre el caso Indert y el Tribunal consideró aplicar sanción penal a los funcionarios. En ese sentido al señor César Augusto González Parini le aplicó la sanción penal de 10 años y a los demás funcionarios, que son inferiores en rango, Irma Piñanez, Sergio Ortega y Eulalia Cardozo le aplicó una sanción de 2 años a prueba de la ejecución penal”

Siguió explicando, “ahora, en relación a la condena a representantes de la fundaciones, Roland Guerrero y Armando Báez, de Fundación Nación Guaraní, fueron condenados a 10 y 8 respectivamente. A los representantes de la Fundación MCENOP, Luis Aguayo y Antonio Gayoso, el Tribunal aplicó una sanción penal de 8 años, igualmente para los representantes de la Fundación ANAPA, María Ester Leiva y Luis Gilberto Ruiz.

Finalmente Gerrero enfatizó, “si bien no coincide esto como peticionó el Ministerio Público cuando se entregue la sentencia total, el 21 de este mes, voy a analizar y considerar si el Ministerio Público recurrirá o no a esta Sentencia, teniendo en cuenta que la sanción penal aplicada a todos por el Tribunal no coincide con lo solicitado por el Ministerio Público”.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.