Marcelino Franco (63) es una de las tantas víctimas del deficiente sistema de justicia que impera en nuestro país y que, una vez más, es incapaz de brindar las suficientes garantías a quienes recurren a él.

Todo empezó en mayo del año 2016, un día en el que se encontraba regresando a casa tras afrontar una larga jornada laboral. En aquella ocasión, había viajado a bordo de una unidad de la Línea 10 – empresa Ita Ybu S.R.L.

Al momento de detener la marcha para bajar pasajeros, otro ómnibus de la Línea 2, explotada por la empresa de transporte Nuevo Horizonte S.A., le cerró el paso, esto luego de que ambos buses hayan disputado una “carrera” como parte del conflicto entre internos que existe en la ciudad de Limpio.

Tras descender, Don Marcelino fue embestido por el colectivo de la Línea 2 cuando se encontraba caminando por la vereda. “El colectivo cruzó para venir por el otro carril y yo, creyendo que se iba a ir ahí, vine por la costa, pero el chofer no me vio y me llevó por abajo del bus”.

Una de las ruedas pasó por encima de su pierna izquierda, quebrándole gran parte de los huesos y obligando a que fuera trasladado de urgencia al Instituto de Previsión Social (IPS), donde días después finalmente tuvieron que proceder a amputarle el miembro inferior.

El calvario inició a partir de este momento, según cuenta Don Marcelino, ya que el conductor estuvo detenido apenas durante 24 horas y pudo volver a trabajar al día siguiente, sin haber sido sometido a ningún proceso penal tras el accidente que ocasionó.

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público por el hecho punible de lesión culposa, siendo asignado para atender la causa el fiscal Benjamín Maricevich, a quien acusó de no haber obrado en forma durante todo este proceso penal.

En poco tiempo, el caso terminó siendo cajoneado por la Fiscalía, con múltiples chicanas de por medio, lamenta la familia del denunciante, que acusa de una criminal irresponsabilidad al conductor y a la empresa Nuevo Horizonte.

Un dato que llama la atención es que el fiscal había convocado a declarar a la víctima cuando la misma se encontraba internada en el hospital, siéndole imposible comparecer para brindar su versión de los hechos.

“Nadie de la empresa se apareció por mi casa, no se hicieron cargo”, lamenta Don Marcelino, quien luego de quedar sin una de sus piernas no pudo volver a trabajar nunca más, quedando a cargo de su esposa la enorme responsabilidad de mantener el hogar.

A 6 años de aquel lamentable hecho, este hombre pide que se pueda hacer justicia y que el caso no quede en la impunidad, pues aún mantiene las esperanzas de que algún día se aplique la sanción que corresponde contra los responsables.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.