Detrás de cada muerte de una mujer víctima de feminicidio están los hijos que quedan sin madre y casos en que el padre de estos luego de matar a la mujer se suicida. En lo que va del año son 12 los feminicidios registrados y de estos quedaron 20 niños húerfanos.

Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia explicó que es un arduo trabajo el que se inicia para la reinserción de estos huérfanos y de estos 20 todos quedaron con algún familiar, no perdieron el vínculo.

Además de esto existe un largo antecedente vivido por cada uno de ellos en el proceso de violencia de la que fuera víctima la mamá y que concluyó con el feminicidio.

“Es un verdadero drama porque los hijos que sobreviven ya tienen un daño muy importante porque no es algo que surge de pronto, el feminicidio es el resultado de un proceso de violencia en la familia y entre las víctimas están los niños y concluye con la muerte de la madre y ellos vivieron toda esa violencia y es por eso necesaria la atención a ellos y desaprender la violencia, es un proceso”, señaló.

“Es un arduo trabajo la reinserción familiar de estos niños y lograr la contención en cuanto a salud mental para que no repitan la historia porque normalmente los niños maltratados repiten al violencia”, afirmó Martínez en contacto con la 1080 AM.

Los dispositivos de respuesta inmediata en estos casos tiene una duración de tres meses y dar continuidad al proceso de recuperación es lo que se debe garantizar, indicó.

“El feminicidio no es otra cosa que la afirmación del fracaso de las políticas de prevención de la violencia, hay que trabajar desde la primera infancia trabajando con la familia, erradicar la violencia, hay que revisarla desde abajo para luego tener resultados positivos”, agregó.

Destacó que se cuenta con una política de atención a estos niños pero se requiere de un mayor alcance y extender el abordaje del dispositivo de atención inmediata.

Afirmó que la penalización del crimen no hace que este se reduzca y que existen otras líneas de acción con las que se debe trabajar, entre ellas la prevención.

“El sistema penal lo previenen con la sentencia de las condenas altas tratando de que la gente retroceda o no quiera pasar por lo mismo, pero no les importa nada ir a la cárcel y hasta sacarse la vida y es por eso que el proceso anterior es el que hay que cuidar”, detalló.

Martínez puntualizó que la visibilidad del homicidio de las mujeres se dio a través de llamarlo feminicidio los crímenes de mujeres por el hecho de ser mujer. “Con esto se levantó la voz y es la única forma que esto que pasa desde siempre sea notorio y que se trabaje contra la violencia”.

En la Ley Nº 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, contra todas formas de violencia” está tipificado el asesinato de una mujer en razón de su sexo como feminicidio, como un hecho punible de acción penal pública y que corresponde a la forma más extrema de violencia hacia las mujeres.

La normativa, en el artículo 50 establece que: “El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de libertad de diez a treinta años”: Dentro de la familia o unidad doméstica cuando exista una relación interpersonal de pareja presente o pasada, de parentesco o de convivencia entre el autor y la mujer agredida, en la comunidad, sin necesidad de que exista una relación o vínculo de ningún tipo entre la persona o personas agresoras y la mujer y que sea perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes o terceras personas con su consentimiento en cualquier lugar que se produzca.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.