El fiscal Alcides Giménez Zorrilla logró la condena de una docente que llevó a cabo un plan para apoderarse de los bienes de un sacerdote católico fallecido, falsificando documentos para afirmar que estaba casada con el cura y que habían tenido una hija en común. Además, fueron condenados cuatro familiares que actuaron como testigos falsos y un oficial del Registro Civil. El fallo se dio a conocer durante un juicio oral que duró más de un mes y concluyó el jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

La principal acusada, María Teresa Díaz, recibió una condena de 4 años de prisión, al ser hallada culpable por producción mediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso. Por su parte, José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández fueron sentenciados a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena, al comprobarse su participación en la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Asimismo, el oficial de justicia Benito Ever Ríos González fue declarado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y condenado a 2 años de prisión en un juicio abreviado, realizado previamente, debido a que admitió su participación en el ilícito.

De acuerdo con los antecedentes, el sacerdote había fallecido el 9 de noviembre de 2016 en el IPS. Dos años después, los hermanos del mismo, Ramón y Daniel Martinez, ignorantes de los bienes que dejó el difunto decidieron abrir sucesión. Allí comprobaron que el exministro de Dios tenía importante caudal en bienes, y que terceros extraños a la familia, habían abierto otra sucesión.

Los actos fraudulentos fueron planificados y ejecutados en diferentes fechas y lugares con el propósito de adueñarse de los bienes del sacerdote fallecido, quien dejó propiedades y ganado.

Las falsificaciones comenzaron con el supuesto reconocimiento de una niña indígena como hija de María Teresa Díaz y el sacerdote Severiano Martínez Vázquez, presuntamente realizado el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno (departamento de Caazapá).

Además, se alega que se llevó a cabo un supuesto matrimonio entre María Teresa y el sacerdote católico el 22 de septiembre de 2016, a las 17:30 horas, en el predio del hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Asunción. Supuestamente, en dicha ocasión, José de Jesús, Guido Ramón, Teodoro y María Cirila actuaron como testigos, y el Lic. Benito Ever Ríos, responsable de la oficina número 727 de Remansito, actuó como oficial del Registro Civil. La supuesta ceremonia se llevó a cabo sin conocimiento de los familiares más cercanos de Severiano Martínez. Durante el evento simulado, los contrayentes afirmaron tener una hija en común.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016, la principal acusada se presentó en el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), a cargo del magistrado Julio Ávalos Crovato, para iniciar un proceso sucesorio de Serveriano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y también un certificado de matrimonio apócrifo entre ella y el religioso.

Sin embargo, el juicio sucesorio iniciado por María Teresa en nombre propio y en representación de su hija llegó a conocimiento de Ramón y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del cura párroco. Los mismos comenzaron a sospechar de la falsedad de la unión matrimonial, ya que en ese momento el sacerdote estaba internado en el IPS, luchando contra una enfermedad terminal que finalmente le quitó la vida el 9 de noviembre de 2016, a las 04:10 horas.

Esta situación generó una denuncia penal, que originó la imputación de todos los involucrados y su posterior condena. El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde y conformado por sus colegas Milciades Ovelar y Emilia Santos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.