​Docentes y estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA decidieron sitiar hoy el Rectorado ubicado en el Campus de San Lorenzo exigiendo respuestas con relación a la que consideran una inequidad e injusticia en cuanto a la nivelación salarial que debían recibir los docentes de esta casa de estudios superiores.

En medio de la medida se dieron incidentes entre los manifestantes y los funcionarios de la dependencia a quienes sí se impidió el ingreso no así la salida, aclaró la docente Teresa Moreno en contacto con la 970 AM.

Afirmó que un grupo de funcionarios lanzó sillas y el gas del extintor contra los estudiantes, producto de esto tres estudiantes fueron trasladados hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

Hace tres semanas los docentes de la facultad se encuentran en paro académico en reclamo de la nivelación salarial que ya cuenta con presupuesto de 28mil millones de guaraníes aprobado por ambas cámaras del Congreso y que debía regir de acuerdo a una tabla de montos.

“El año pasado se hicieron varias movilizaciones porque durante una década no se dio un salario digno para los docentes, exigiendo un presupuesto más acorde. Se consiguió el presupuesto, se otorgó 28mil millones de guaraníes por parte del Congreso, y otros 28 mil millones fueron reprogramados de los cargos vacantes de la UNA y se totaliza un monto que tendría que repartirse para la nivelación salarial y los docentes con las misma categoría tengan un mismo salario asignado”, explicó la docente.

“Hasta el momento nuestro representante directo es el Rectorado a quien veníamos denunciando que habría un trato desigual con los docentes de la facultad y poco equitativao porque nuestro presupuesto ha sufrido recortes, cada unidad presenta sus necesidades para el presupuesto y la nuestra tuvo recortes que hasta ahora no sabemos por qué ni dónde”, agregó.

Además denuncian que los cambios de categoría y carga horaria diferente podría genera un caos académico ya que cada docente cobrará por 10 horas semanales de clases y ya no 20 como era habitual.

“Eso implica contratar otros 159 docentes para cubrir las 10 horas restantes y por esa necesidad de dar clases es que los estudiantes apoyan las medidas de fuerza, nosotros estamos en paro académico, ellos no”, apuntó.

Desde el año pasado están denunciando la situación y hasta el momento no recibieron respuesta alguna, por eso recurrieron a Hacienda y al Congreso y ahora aguardan una tripartita porque la solución tiene que salir del seno de la UNA porque el presupuesto ya está aprobado, explicó Moreno.

Por su parte, Johanna Bittar presidenta del Centro de Estudiantes de Obstetricia explicó que ellos están apoyando la medida de los docentes porque esa carga horaria es la que va a perjudicarles como estudiantes ya que deben completar 100 por ciento horas de práctica para aprobar la carrera.

“Como estudiantes no estamos en paro y tenemos que recuperar las clases porque es 100 por ciento práctica y esperamos que se revierta el error que se cometió con la facultad porque nos afecta como estudiantes y la rectora se comprometió a que se de lo antes posible la tripartita para que los docentes levanten el paro para volver a las aulas y las prácticas”, puntualizó.

Alrededor de 1500 estudiantes de Enfermería y Obstetricia tanto de la casa central como filiales se encuentran apoyando el paro académico de docentes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.