Ante la decisión de la Cámara de Senadores de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el uso de los fondos de la Ley de Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Hacienda dio a conocer en su página web un informe sobre cómo usó parte de los 1.600 millones de dólares aprobados para la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, la ley 6524 que declaró emergencia por la pandemia del COVID-19 estableció claramente en el artículo 45 la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas y presentar documentos respaldatorios al Congreso y a la Contraloría al cumplirse los 60 días. En este caso, Hacienda únicamente informó y no rindió cuentas con los documentos necesarios.

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró a la radio Universo 970 AM que desde ayer los organismos del Estado están subiendo sus rendiciones en la página habilitada por la Contraloría y que además ya remitieron los documentos al Congreso Nacional, por lo que prometió que en el transcurso del día se tendrán los detalles.

El Secretario de Estado dijo que habría demoras por problemas tecnológicos y que su ente no puede hacerse cargo del uso del dinero en las demás instituciones.

En otro momento destacó que la página Rindiendo Cuentas es una de las mejores en transparencia y que todos la alaban por eso.

EL INFORME DE HACIENDA

En el informe dado a conocer en su página web, Hacienda indica que se solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) una línea de crédito de G. 3,25 billones (US$ 500 millones). Además se gestionó la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional por USD 1.000 millones.

De los US$ 1.600 millones de los fondos de la Ley de Emergencia, Hacienda indicó que fueron utilizados US$ 848 millones, de los cuales US$ 99 millones fueron transferidos al Ministerio Salud Pública, US$ 63 millones al Programa de Adultos Mayores y Tekopora, US$ 40 millones para Jubilaciones, US$ 61 millones para Mipymes y capitalización, US$ 26 millones para el Programa Ñangareko, US$ 300 millones para el programa Pytyvô, US$ 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS), y US$ 159 millones para médicos, docentes y Fuerzas Públicas.

El documento remitido por Hacienda a la Comisión Bicameral da cuenta igualmente sobre el Programa Pytyvô, gestionado y administrado por esa cartera estatal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.