David Cardozo, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asuncion, dijo que anteriormente la Municipalidad de Asunción realizaba el tratamiento de pilas y baterías de uso doméstico a través de la empresa Sermat. Sin embargo, actualmente no tiene un contrato vigente con la firma pero, según dijo, están en tratativas de renovar sus vínculos con la Comuna.

Ahora, dando cumplimiento a la ley vigente 5882/17, la Municipalidad se propone a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría del Ambiente (Seam). El artículo 10 de la normativa señala que las comunas, en sus jurisdicciones, deberán establecer mecanismos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las pilas y baterías.

“La mesa conjunta que se pretende instalar será la responsable de establecer los mecanismos de apoyo para que las municipalidades puedan cumplir con la presente obligación que permita gestionar adecuadamente las pilas y baterías”, establece un comunicado de la Municipalidad de Asunción, lo cual da a entender que no hay contrato con una empresa recolectora y tampoco se conformó aún la mesa conjunta entre el Gobierno municipal y las dependencias estatales.

El jefe de Fiscalización Ambiental, José Escauriza, dijo que a partir de la entrada en vigencia de estar ley, lo cual se dio hace pocos días, se realizan las gestiones necesarias para adecuar el plan de acción a lo establecido.

El debate alrededor de las pilas surgió luego de la condena al ambientalista Rubén Figueredo, quien realizaba el trabajo de acopio de pilas, baterías y otros elementos nocivos para el ambiente que no pueden ser desechados con la basura domiciliaria.

Figueredo fue procesado luego de que la Fiscalía lo hallara culpable de violar la ley 716/96 que sanciona delitos contra el ambiente. El hombre tenía su depósito de pilas a metros del cauce del río Paraguay, en el barrio Itá Enramada, fronterizo entre Asunción y Lambaré.

¡Cuidemos nuestro medio ambiente! No tirando las pilas usadas con los demás residuos, juntemos en nuestras casas en botellas de plástico. pic.twitter.com/ndUD8xxMUc

— Jose Alvarenga (@jalvarenga01) 24 de octubre de 2017

En las últimas horas corrió el rumor de que los fondos del programa Che Tapýi, una cooperación de Taiwán para viviendas destinadas a comunidades indígenas, fueron utilizados para pagar la reparación de avionetas presidenciales.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó esta mañana que esos recursos no se tocaron y relató la historia desde sus inicios.

“No hubo tal cosa y mucho menos que se hayan tocado los fondos del programa destinado a la construcción de viviendas”, aseguró el secretario de Estado, en un contacto con la emisora 730 AM.

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El avión Cessna y el helicóptero Bell se encontraban depositados en una empresa de San Paulo, Brasil para su mantenimiento desde la administración anterior, la cual, se había comprometido al pago, sin embargo, no cumplió con el desembolso.

A partir de allí, hubo un urgimiento para el pago. En ese momento, según el ministro, “se pensó en esos fondos (programa Che Tapýi) provisoriamente, pero después se encontró el mecanismo financiero, se solucionó eso y no se necesitó recurrir a esos fondos”.

La salida encontrada fue la Entidad Binacional Yacyretá, a la que la Fuerza Aérea presta ciertos servicios, por lo que, sin necesidad de ningún pedido especial, finalmente fue la que saldó la cuenta dejada por el Gobierno anterior.

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Amancio Bogado, bombero que recibió el llamado de auxilio, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:45 de ayer domingo, en las adyacencias de una comisaría situada antes del peaje de Remansito, Villa Hayes, dentro de una laguna de unos tres metros de profundidad.

“Estas dos criaturas se escaparon de su mamá, el papá estaba trabajando. Se fueron a una lagunita que tienen en ese barrio, empezaron a jugar e hicieron una especie de barcaza de un pedazo de isopor”, relató el bombero, en un contacto con la emisora 1020 AM.

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Mientras subían sobre la conservadora de isopor, uno de ellos cayó al agua, el otro intentó ayudarlo, pero terminaron cayendo ambos, tras lo cual, murieron ahogados.

Según el informe policial, las víctimas fatales son un niño de 10 años y su hermana de siete. Desafortunadamente, nada se pudo hacer para salvarlos y los cuerpos fueron sacados del agua sin signos vitales.

El lamentable episodio sucedió en el barrio San Miguel de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, donde resultó víctima fatal Felipe Benítez Marecos (66), según el informe policial.

El comerciante recibió disparos de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Distrital de esa ciudad, donde, lastimosamente se constató su fallecimiento.

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Como autores del hecho describen a dos hombres que llegaron en motocicleta y, una vez que hirieron al comerciante, finalmente huyeron.

Se menciona que el homicidio fue perpetrado como consecuencia de un asalto al que el propietario del autoservicio La Familia se resistió. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis.

En el hecho intervinieron la subcomisaría 12ª jurisdiccional, el departamento de Investigación de Homicidios, medicina forense y Criminalística. Todo lo actuado fue comunicado al Ministerio Público.