Por Óscar Lovera Vera

Periodista

(Continuación de Dos en el silencio – PARTE I)

Caminó cinco cua­dras hasta la esta­ción de policía de la ciudad, la comisaría 50. Calzaba unas zapati­llas de goma, un vestido largo y floreado que le cubría hasta las rodillas. Su cabello, un tanto des­peinado, formaba estrías en su rostro brillante por el sudor. Su mirada pene­trante apuntaba al final de la calle, sabía en qué direc­ción caminar y estaba deci­dida a relatar lo que ocu­rrió. Todo aquello que hizo para ella fue el punto final de una historia de dolor.

Sin ponerle preámbulo a lo que cargaba para contar lo dijo sin rodeos y, al pare­cer, sin lamentar. Adolfina, con frío relato, explicó lo que había hecho a sus hijas en un despojo y sin llanto. “Maté a mis hijas, con un machete y un puñal, sus cuerpos los dejé en casa, deberían ir a corroborar”.

El agente la miraba, como intentando descifrar, si aquello fue una jugarreta porque lo dijo sin titubear. –¿Señora habla usted en serio? Interpeló el policía al paso de sujetar su arma en la cacha. –Así es señor agente, no mentiría con algo así –contestó Adol­fina y tomó asiento en la portería, sabiendo bien lo que vendría, su detención preventiva.

Florida esquina Los Pinos, dijo Adolfina. Era la direc­ción de su domicilio, rápi­damente se rodeó de vecinos. Absortos por lo ocurrido no comprendían la acción, no asimilaban lo sucedido.

Una pequeña ventana de madera separaba a los intervinientes de los curio­sos y familiares de las niñas, ellos en la mirada lejana buscaban pero no encontraban un pequeño atisbo de consuelo.

El forense y los agentes de Criminalística encontra­ron evidencias que contra­decían su primer relato.

Las niñas fueron asesina­das cuando desayunaban, al momento de tomar el ali­mento, aprovechó la dis­tracción que tenían ambas y las azotó con el machete para arrojarlas al suelo, ahí las apuñaló con determina­ción y crueldad.

La escena fue limpiada con la ropa de las pequeñas y los cuerpos arrastrados hasta la habitación. María Lina Naumann, una fiscala joven en el cargo, escuchaba la barbarie en el relato. Su experiencia no la investía con la tosquedad necesa­ria para anular sus emocio­nes, fue imperiosa la fuga de una lágrima; necesitaba dar el luto al sufrimiento de esas niñas. Ella no resis­tió el momento y, aún más, al escuchar que la mayor de las pequeñas debía cum­plir diez años a la mañana siguiente.

¿UN CÓMPLICE?

Con la confesión de Adol­fina, no había mucho que investigar para la Policía, aunque un rumor condujo a un procedimiento más cuatro días después del asesinato, ocurrió en las calles Cedro casi Quebra­cho, en el barrio Laurelty de Luque, a unas diez calles de la casa del sospechoso, en la villa 9 de Marzo.

Los agentes querían demos­trar, o descartar, si aquellos dichos de la participación de un cómplice eran ciertos. Algunos vecinos declara­ban –con ciega convicción– la visita de un hombre la noche antes del crimen.

Ese hombre fue Juan de Dios Flores y lo demoraron hasta demostrar lo contra­rio. El hombre de 48 años años acabó preso, las ver­siones de la familia de las niñas tenían un peso signi­ficativo para la fiscala. Con vehemencia dijeron a Nau­mann que Flores abandonó la casa durante la madru­gada, aunque ello no coin­cidía si tenían en cuenta la hora de la muerte. Al menos tres horas antes de su salida.

Juan con el tiempo fue des­vinculado de la investiga­ción, no hubo más para sos­tener su participación y las solas versiones de algunos vecinos no sumarían para retenerlo como compañero de sangre.

PREMONITORIO

Un puente a un sitio de no retorno. Adolfina con el tiempo fue perdiendo noción de sí. Fue notable el desgaste en la salud men­tal al quebrarse la unión de su familia.

Eso comenzó a notarse en su comportamiento con sus otras dos hijas adoles­centes. Peleas y reacciones violentas condujeron a las niñas mayores a vivir con su abuela paterna, esa fue la primera vez que sintió el desmoronamiento del cimiento de su familia.

La comunicación con sus hijas, primero, fue esporá­dica, cada vez con menor frecuencia. Una de las últi­mas ocurrió el día antes del crimen. Susan, de 19 años, y Carolina, de 13 años, con­versaron por separado con su madre, solo se pusieron al día y ella se oía normal, nada que llame la atención o despierte la preocupación.

Sin embargo, se negaron a visitarla, por el pasado. Preferían evitar el contacto con ella, a consecuencia de los episodios de violencia a los que las sometía, al igual que las niñas. Esta confe­sión llevó a la abuela a pedir la tutela ante la Consejería Municipal por los Derechos de los Niños y Adolescen­tes o Codeni, por las siglas.

Sin embargo, las dos veces que solicitó la custodia –respaldándose en los pro­blemas de conducta– fue­ron rechazadas y nunca pudo aislar a las niñas de lo que entendía era premo­nitorio, algo peor podría pasarles.

UN EPISODIO TRAS OTRO

Los estudios toxicológicos y siquiátricos confirmaron lo evidente, el trastorno estaba presente en su vida y Adolfina recibiría una condena diferente, breve. La llevaron a la cárcel de Mujeres Casa del Buen Pas­tor. En el 2016 abandonó la prisión, después de tres años de su fugaz paso. Con una orden judicial, la inter­naron en el Hospital Psi­quiátrico sobre la residen­cial avenida Venezuela en el barrio Jara de la capi­tal. Pero su estadía, en ese lugar, también sería breve y traumática. Escapó al año de su internación y volvió a su viejo barrio.

Su presencia era notable y la temían. Nadie podía obviar que se trataba de la mujer que mató a sus dos hijas. Sus familiares la recogieron y, otra vez, fue entregada al hospital mental.

El tiempo pasó y consigo pudo traer algo diferente para la mujer, logró con­trolar su ansiedad y con­ducta violenta, eso dije­ron. Logró un tratamiento médico ambulatorio, varios medicamentos para con­trolar su afección, permi­tiéndole volver a su casa.

Pese a sus esfuerzos, y el de sus parientes, por controlar el irascible impulso, con cos­tosos medicamentos, ella no pudo evitar el demonio que decía impulsarla.

LUNES 6 DE ENERO, 2016

Esta fue la fecha en que Adolfina regresó al encie­rro, luego de herir a una vecina: Demesia Ramírez, una mujer de 68 años. La apuñaló con un cuchillo dentado de cocina. Con prisa la mujer fue soco­rrida en el hospital de la ciudad, y Adolfina condu­cida por segunda vez a la comisaría 50 de esa misma localidad. En esa ocasión la fiscala Sandra Ledesma la procesó por lesión grave y pidió su prisión en el sitio donde ella conocía bien que la contención era diferente, era aún más violenta.

DOS EN EL SILENCIO

Rememorando el episodio con sus hijas, con pocas palabras, Adolfina se mani­festó ante los medios res­pecto a lo que sucedió.

La mujer, que parecía estar fuera de sí, intentó justifi­car el hecho hablando de los constantes desacuerdos que tenía con el padre de sus hijas, pese al distancia­miento que llevaban.

En algún momento de su oscuro comportamiento, Adolfina profundizó su teoría sobre su acción cri­minal. Ella sostenía –con firmeza– haber evitado el sufrimiento a sus hijas, arrebatándoles la vida sin pudor. Dijo que estaban envenenadas y al quedar las dos en silencio les evitó una pena mayor…

FIN

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.