La fiscal Daisy Sánchez de la Unidad Zonal de Itá, formuló imputación contra Marcos Román González, quien presuntamente sería responsable en la comisión de homicidio doloso. Igualmente, en la misma causa procesó a José Alfredo Romero (42) por frustración de la persecución y ejecución penal.

El pasado 8 de enero del 2021, Román González acabó con la vida de Enrique Silguero Solalinde, joven odontólogo, en horas de la noche, frente a su vivienda ubicada en la avenida Mariscal José Félix Estigarribia casi Mayor Mario Benítez, de la ciudad de Guarambaré.

En dicha ocasión, Román llegó hasta el sitio a bordo de su automóvil y efectuó 3 disparos de arma de fuego contra la víctima, quien falleció a causa de los impactos de bala.

Posteriormente, llegó hasta el lugar José Romero, primo del presunto victimario y lo acompañó a bordo de su vehículo que utilizaba como taxi hasta la avenida Acceso Sur, ciudad de Ñemby, donde González quemó el automóvil y luego se fugó con el otro procesado.

Romero prestó declaración indagatoria ante el Ministerio Publico, mencionando los detalles de sus recorridos, sin embargo, su relato no coincidió con las secuencias de las cámaras de los circuitos cerrados proveídos por los agentes del Departamento de Homicidios y la Brigada de la Policía Nacional.

Finalmente, reconoció haber llevado hasta el lugar al sospechoso y bajarlo a 100 metros donde quemó el vehículo utilizado para el homicidio.

De acuerdo a las pesquisas, Román González cuenta con diversos antecedentes penales, y ahora ambos cuentan con orden de detención librada por la representante del Ministerio Público.

El grupo de la Fiscalía realizó ayer un allanamiento del supuesto homicida, donde se encontraron elementos de vital importancia para la investigación, como la prenda utilizada por el autor del crimen. Además, según manifestaciones de los familiares al mirar el video, lo reconocen y manifiestan que las demás prendas no encontradas había llevado consigo puesto que el mismo está con paradero desconocido hace más de un mes, coincidiendo con la fecha del hecho.

Preventiva, este último había salido de la cárcel en junio del año pasado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.