El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres reclusos extranjeros que se encargaban de meter drogas y otros productos prohibidos dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este para su posterior comercialización.

Ellos son los libaneses Ali Issa Chamas (42) y Ali Fouani (32) y el brasileño Diego Pedro Barcik (34), quienes enfrentan cargos por tenencia, suministro y comercialización de estupefacientes sin autorización en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal para cometer hechos punibles contra la Ley de drogas.   

Según la investigación, los ahora imputados se habrían unido organizadamente con el objeto de adquirir, ingresar, distribuir y comercializar sustancias estupefacientes y otras mercancías prohibidas dentro de la Cárcel Regional, lugar en donde los mismos guardan reclusión.

El grupo estaría liderado y organizado por Ali Issa Chamas, quien habría coordinado y financiado el ingreso de sustancias estupefacientes a la prisión. Mientras, Ali Fouani sería el encargado de coordinar las actividades del grupo, y Diego Pedro Barcik sería la mano derecha del líder y encargado de la logística para la adquisición e ingreso de las drogas dentro del penal.

A su vez, los coimputados, el director de la institución, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, y el coordinador general Francisco Javier Ramírez Torres, presumiblemente utilizaban su posición o cargo para facilitar y brindar cobertura a las operaciones de la organización criminal a cambio de cuantiosas sumas de dinero. 

Los citados funcionarios estatales también están procesados por transgresión de la Ley de drogas y actualmente se encuentran recluidos en el penal de Coronel Oviedo. Igualmente, está imputado el guardiacárcel Héctor Fredy Mendoza Báez por estar vinculado a los hechos.

El descubrimiento de los hechos punibles tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023, tras un allanamiento fiscal-policial de la sede de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Las autoridades, encabezadas por Rojas Rodríguez, encontraron en una celda tipo vip -que pertenecería al condenado por narcotráfico Ali Issa Chamas- un compartimiento oculto en el que se ubicaron varios paquetes que contenían estupefacientes.

En total, se incautaron 4,940 kilos de marihuana en diferentes presentaciones y dosificaciones. En la celda vip funcionaban además varios negocios explotados por el grupo comandado por  Ali Issa Chamas, como ser barbería, bar, restaurante, privadas, etc. 

Las autoridades creen que la droga incautada es solo una pequeña parte de un cargamento mayor que habría ingresado al penal con la complicidad de los responsables del lugar.

Además, el fiscal Manuel Rojas ordenó protección policial para resguardar a la persona que denunció la presencia de esta organización delictiva dentro de la prisión, así como a su familia. Esta medida se tomó ante la posibilidad de que puedan ser blanco de posibles atentados por parte de criminales vinculados al tráfico de drogas dentro del centro penitenciario.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.