Dos potentados abogados vinculados a lavado y narcotráfico, en Yacyretá
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve a coincidir en este gobierno con la reubicación de ambos en Yacyretá, donde perciben salarios de G. 87 y 53 millones, respectivamente. El primero fue defensor de los implicados en megalavado en Ciudad del Este y Ríos apareció como abogado en la investigación del helicóptero comprometido en el caso “Samura”; la fuga del criminal le había costado su puesto de ministro de Justicia en el 2019.
La estabilidad económica le sonríe a Juan Carlos “Charly” Duarte y a Julio Javier Ríos, potentados abogados que forman parte del círculo de confianza del vicepresidente Hugo Velázquez, quienes lograron reubicarse en este gobierno en Yacyretá.
“Charly”, asesor jurídico de la binacional, percibe una remuneración de G. 87 millones al mes, de acuerdo a filtraciones de salarios a las que tuvimos acceso el año pasado. Julio Ríos, secretario ejecutivo de la hidroeléctrica, se embolsa al mes, entre salario y bonificaciones, unos G. 53.897.420, de acuerdo a la planilla de remuneraciones de la entidad.
Julio (JJ) Ríos, quien de modesto funcionario del síndico de quiebras del Poder Judicial con un salario de G. 7.229.000, cuyo patrimonio era de G. 128 millones en el 2001, integrado por un inmueble y un vehículo del año 1987, pasó a administrar propiedades valuadas en más de G. 1.060 millones, acciones, vehículos e incluso un tractor.
Hasta el 2006, Ríos fue agente del síndico de quiebras; posteriormente abandonó la función pública para dedicarse al derecho. De acuerdo a su perfil de Linkedin, es socio principal en el estudio Jurídico REV & Asociados, del que no hay ninguna información ni número de teléfono en internet.
A su vuelta a la función pública en el 2013, el entonces diputado Ríos declaró ahorros en dólares por US$ 98.000, 500 acciones en la agroganadera Don Osvaldo y cuatro inmuebles en Asunción, Luque y Lambaré.
Gracias a Velázquez, se acomodó en la binacional en el 2020 luego de su fracaso como ministro de Justicia y su patrimonio hoy asciende a G. 2.749.500.000.
En el 2018, Julio Ríos, considerado como parte del primer anillo del Vicepresidente, fue nombrado ministro de Justicia. Apenas un año más tarde presentó al presidente Mario Abdo su renuncia por teléfono luego de que Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, narcotraficante y líder del Comando Vermelho, haya sido liberado en un espectacular operativo en zona de la Costanera Norte.
Durante su administración ocurrió la masacre de miembros del clan Rotela en la penitenciaría de San Pedro y se dio el motín y la fuga de reos en la cárcel de Itapúa.
Antes de su ascenso a Yacyretá, Ríos fue abogado del empresario argentino Leonardo Spokojny, cuyo helicóptero se vio involucrado en un allanamiento que investigaba la liberación de “Samura”.
El helicóptero estaba depositado en el hangar Arrayán de Areguá, considerado por la Fiscalía como el epicentro de hechos punibles y que servía para el traslado de personas que contaban con órdenes de captura.
Es decir, (JJ) Ríos como se lo conoce pasó a ser defensor en la investigación de un caso que le costó su cabeza en el Ejecutivo.
El caso de Ríos es similar al de “Charly” Duarte, ex superintendente fiscal en Alto Paraná-Canindeyú, cuestionado por sus llamativos procedimientos durante investigaciones con el entonces también fiscal, Hugo Velázquez, pasó a estar vinculado a Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano, de cuya familia “Charly” era abogado defensor. Sweid y Galeano son señalados hasta la fecha como parte de un esquema de megalavado de dinero en Ciudad del Este.
Tan próspera fue su experiencia como abogado de implicados en lavado de dinero y otros que a su vuelta a la función pública y su acomodo en la hidroeléctrica ya acumuló un patrimonio de G. 20.940.808.557, el que incluye numerosos inmuebles, vehículos 0km, acciones por G. 990 millones y hasta una aeronave valuada en G. 1.050 millones.
A pesar de sus llamativos antecedentes, ambos se acomodaron en Yacyretá de la mano del vicepresidente. “Charly” es recordado por disputar partidos de fútbol con Velázquez, mientras que Ríos posó junto al “Toro” como parte de sus aliados políticos para el 2023.
Hermano de supuesto narco no presentó declaración jurada
El ex aspirante a la Junta Municipal de Asunción Daniel Koube, hermano de Alberto “Beto” Koube, detenido en el Operativo A Ultranza Py, es funcionario estatal desde el 2018; sin embargo, no hay rastros de su manifestación de bienes en la página de la Contraloría.
El Operativo A Ultranza Py dejó al descubierto las lujosas vidas que llevan los sindicados como narcotraficantes y su entorno; sin embargo, algunos siguen escapando de las pesquisas, como Daniel Koube, funcionario del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuya declaración jurada brilla por su ausencia en el portal de la Contraloría, y quien es hermano de Alberto “Beto” Koube, considerado como miembro principal de la organización que mueve la mayor cantidad de droga de la región a Europa.
Dani Koube es director de Emprendedurismo en la citada institución y percibe G. 14.690.000, fue candidato en las elecciones pasadas para integrar la Junta Municipal de Asunción. Hoy en las carpas de Velázquez, pero desaparecido de redes tras la caída de su hermano Alberto “Beto” Koube.
Llama la atención que desde el 2018, año en que Koube ingresó a la función pública, hasta la fecha no haya presentado su manifestación de bienes, requisito que es obligatorio y que ante su incumplimiento puede ser motivo de suspensión en el cobro de sus remuneraciones, así como de un posterior sumario administrativo.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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