investigación@gruponacion.com.py

Yolanda Portillo fue la fiscala que dictaminó en enero del 2018 la reapertura de la causa a raíz de la denuncia presen­tada por el parlasuriano Nel­son Argaña, de Colorado Añe­tete; sin embargo, este desistió por el camino “a pedido de los amigos” del entorno del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez.

Duarte Frutos se jacta de que fue investigado tres veces por la misma causa. Sin embargo, él era nada menos que la máxima autoridad de la República cuando en el 2006 los fiscales Liliana Alcaraz y René Fer­nández tomaron el caso por primera vez. Cabe remarcar que esa pesquisa solo se enfocó en los bienes que oficializaron él y su esposa, María Gloria Penayo, según refieren publi­caciones de la época.

Duarte Frutos, así como muchos políticos, se valió de la correspondencia de bienes, que de manera extraña siem­pre les sale a favor en la Con­traloría. Quedaron fuera de la investigación nombres claves sindicados como testaferros, como el caso de su ya difunto concuñado José David Orrego, un modesto operador de com­putadoras que hacía de secre­tario en Mburuvicha Róga y quien en agosto del 2003 com­pró una estancia de 3.800 hec­táreas por US$ 350 mil, pero es un secreto a voces que en realidad es de Duarte Frutos el campo modelo.

Rosa María Penayo, viuda de José David Orrego, es her­mana de la esposa de Duarte Frutos y de trabajar como secretaria en el Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), en el 2005 pasó a ser accionista de la firma Tembiaporã SA junto con su suegra, Francisca Aquino, según documentos de Hacienda. La sociedad se liquidó en el 2015.

El difunto Orrego y Rosa María, ambos de modesto nivel social, eran la cara visible de las millonarias inversiones.

Rodrigo Espínola Solaeche, otro sobrino de Duarte Frutos, de andar en un vehículo usado modelo 1996, sin antecedentes laborales en ese momento, en el 2006 estaba estrenando una camioneta de US$ 50 mil. Este mismo año compró al contado una casa de G. 350 millones, también realizaba adquisición y refacción de inmuebles en Coronel Oviedo, ciudad natal del actual director de Yacyretá. Llamativamente, recién en el 2012 el ex mandatario inscribe propiedades a su nombre en su urbe de origen.

Como se esperaba, el mandata­rio zafó de una imputación por enriquecimiento ilícito. Varios prestanombres sospechosos no fueron incluidos en la inves­tigación y se archivó la causa.

La segunda investigación por enriquecimiento ilícito se le reabrió al dejar la Presidencia fue en el 2008, pero Duarte Frutos consiguió un fallo judicial para que se investi­guen solamente sus ingresos y egresos del 2007 al 2008. Con esta limitación en la pes­quisa, el ex mandatario pudo zafar otra vez de la Justicia. Sin embargo, en ese año (2008) la Contraloría había informado que no existe correspondencia en los bienes de Duarte Fru­tos, quien declaró un patri­monio de G. 3.800 millones, cuando todo su ingreso de pre­sidente fue de G. 1.159 millones.

La última denuncia por enri­quecimiento ilícito contra Duarte Frutos fue presen­tada por Nelson Argaña en el 2016 y en la misma se suscribe el nombre de varios sindica­dos como testaferros. Después de dos años de congelarse esta denuncia, hace un año la fis­cala Yolanda Portillo reco­mendó que se reabra la causa por haber suficientes elemen­tos a investigar. Sin embargo, el actual director de Yacyretá logró encajar en el equipo del poder de turno y el parlasu­riano desistió de su denuncia hace dos meses.

LOS BIENES

Un búnker modelo que abarca 10 lotes a lo largo de una manzana, imposible de justificar con su sueldo de 5 años como presidente de la República. Una docena de propiedades inscriptas en Catastro entre Duarte Frutos y su esposa, Gloria Penayo, después de dejar el cargo de mandatario. Un gigantesco templo valuado hoy en unos US$ 250 mil y varios inmuebles registrados por la mujer en la ciudad de Atyrá entre el 2011/2012 forman parte de la colección de bienes que tiene. En Atyrá, la pareja tiene una paradisiaca quinta que Duarte Frutos había atribuido a una herencia familiar de la mujer. Gloria Penayo inscribió a su nombre inmuebles que anteriormente figuraban como propiedad de su hermana, Rosa María Penayo, sindicada como testa­ferro del ex presidente. Estas fincas están ubicadas en las inmediacio­nes de la casa de descanso. Duarte Frutos también inscribió propieda­des a su nombre en Irala Fernández de 450 y 17 hectáreas en misma fecha del 2/11/2012. Después de dejar la Presidencia se registraron inmuebles a nombre de ambos en Coronel Oviedo, San Bernardino, Atyrá, Chaco, Lambaré.

Hija y yerno en una sociedad de G. 1.000 millones

La prosperidad del actual director de Yacy­retá se hace extensiva a la familia.

En el 2015 se disolvió Tembia­porã SA, sociedad conformada entre Rosa María Penayo, la cuñada de Duarte Frutos y la suegra de esta, Francisca Aquino. El 4 de setiembre del 2015 aparece Pahiesa SA, firma integrada con G. 1.000 millones de capital entre María Betania Duarte Penayo, hija del actual direc­tor de Yacyretá, y su esposo, Ariel Samaniego Rotela.

Incluyeron también en Pahiesa a Rodolfo Amín Yambay y a Rocío Sama­niego Rotela, cuñada de la hija de Duarte Frutos.

Pahiesa se registra con activi­dad agrícola, ganadera y fores­tal. A través de esta SA empren­dieron un ambicioso proyecto agroforestal en el lugar deno­minado cuatro vientos. Sama­niego, yerno de Duarte Frutos, se había defendido cuando apa­reció en la nómina de supues­tos testaferros que denunció Nelson Argaña.

El joven había alegado que él y su familia se dedican al rubro agropecuario desde hace tiempo y tie­nen varias propiedades en el Chaco. Sin embargo, llama la atención que recién en el 2015 haya ofi­cializado por primera vez una sociedad anónima y justamente con la hija del eterno sospechoso de enri­quecimiento ilícito.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.