En entrevista con Universo 970 AM, el abogado Raúl Prono explicó que en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) habían sido notificados de la resolución de la jueza de la Niñez y la Adolescencia Alice González sobre el fallo a favor del periodista Jhojhanni Rubén Vega.

En este caso, se intimó a la entidad binacional a que puedan entregar las documentaciones requeridas por el comunicador en 10 días, plazo que vence este viernes 26 de marzo.

Prono señaló que se trata de una resolución que hace lugar a un amparo de primera instancia y por lo tanto tiene que cumplirse, independientemente de que la decisión sea apelada. “Estamos a la expectativa de eso”, acotó.

Igualmente, se presentó una nota al juez que atiende la causa solicitándole que se asegure que en el texto de la providencia de concesión de los recursos expresamente se consigne que se concede el recurso de apelación de la EBY sin efectos suspensivos, de acuerdo a lo señalado por el representante legal del Grupo Nación.

El mismo sostuvo que además se le solicitó al magistrado que se retenga en su juzgado el expediente principal de este caso, de modo a que se pueda justificar dentro de ese expediente el cumplimiento o no de esa orden judicial.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad administrada por Nicanor Duarte Frutos, se hará la denuncia al respecto entre lunes y martes de la próxima semana, adelantó Prono.

Yacyretá ahora no puede argumentar que la documentación la tiene que mostrar a través de la web porque ahora hay una orden judicial expresa que la obliga a proveer la información pública en el correo electrónico del periodista Jhojhanni Rubén Vega o de manera física.

“Un eventual desacato es un delito contra la administración pública y es el juez el que debe denunciar el incumplimiento de su orden remitiendo los antecedentes al fiscal penal de turno y los antecedentes de las compulsas del expediente”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.