Villamayor se reunió este lunes con el presidente Mario Abdo Benítez, y con representantes del BID para evaluar la ejecución de ese préstamo inicial de 20 millones y plantear nuevos frentes dentro de la seguridad del Estado.

“El préstamo original es de 20 millones de dólares, un crédito aprobado en 2017 y que nosotros estamos ejecutando (…). Hay otros escenarios y componentes que son necesarios también”, dijo a los medios el ministro.

“Acá se está trabajando en un laboratorio que es muy importante para el área criminal, comisarías amigables, equipamiento, un área de formación… pero necesitamos profundizar esto”, añadió.

Villamayor aseguró que esos montos del BID contribuirán a construir “mayor integridad” dentro de la Policía, la cual aseguró que sufre “una crisis de credibilidad” desde hace años.

A primeros días del año, Villamayor reconoció que el cuerpo de Policía está “inficionado por la corrupción” de forma “transversal” y “en un porcentaje importante”.

En ese sentido, los representantes del BID coincidieron en que en el país existe una falta de institucionalidad dentro de los sistemas de seguridad, que además precisan modernización y necesitan recuperar la confianza de la ciudadanía.

“El fortalecimiento de la institucionalidad pasa por multiplicar confianza entre ciudadanos e instituciones. Habrá que ver qué ha quebrado esa confianza, pero nuestro mensaje es que no se puede ver de manera catastrófica y fatal”, comentó ante los medios el consultor del BID y exvicepresidente de Colombia Óscar Naranjo.

Para volver a tejer esa confianza entre ciudadanos y agentes, Naranjo señaló que debe existir “una lógica rendición de cuentas que asegure la transparencia del cuerpo de Policía” y que se cree un clima que evite la percepción de inseguridad “basada en opiniones”.

El programa del BID se enfoca en la seguridad en líneas generales, sin entrar en cuestiones o grupos específicos de cada país, como en el caso de Paraguay, que cuenta con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“No tenemos un componente de estrategias contra el crimen organizado en particular; lo que tenemos es una agenda centrada en elevar las capacidades, en elevar el capital humano y profesional de la Policía Nacional y que para ello tengan un despliegue que les permita enfrentar el crimen organizado y la seguridad ciudadana”, añadió Naranjo.

La especialista principal y coordinadora de Seguridad y Justicia del BID, Nathalie Alvarado, agregó que el banco trabaja desde “la asesoría y el apoyo técnico”.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.