En charla con la redacción de HOY, el economista Dario Muñoz comentó que está de acuerdo con la eliminación del sueldo mínimo legal vigente. “Eliminar no solo es económicamente razonable, sino que también es moralmente correcto. Argumento esto porque me importa el más necesitado, porque el mínimo es un control de precios que causa un déficit de producción de servicios laborales y tiene consecuencias negativas para el pobre ya que impide que estos accedan a un empleo”, dijo.

Señaló que los profesionales altamente calificados, que ofrecen servicios laborales diferenciados, ganan muy por encima del sueldo mínimo porque los consumidores o compradores están dispuestos a pagar por estos servicios calificados porque tiene cierta preferencia hacia un perfil profesional. Por otro lado, la diferenciación también puede que no sea por el lado de las altas habilidades laborales, sino por el simple hecho de que tal trabajador es de “confianza”, según señaló.

Por otra parte, están los servicios laborales no diferenciados, conocidos como “manualidades”. “Los que son proveídos por personas de escasas habilidad laborales, trabajadores con bajos niveles de educación. Los trabajadores que ofrecen sus servicios laborales no diferenciados no tiene poder de precio sobre el consumidor (empresa) y no les queda otra que competir en precio para concentrar la venta de sus servicios laborales. En este segmento los servicios laborales son estándares donde al consumidor (empresa) le interesa conseguir los servicios laborales sin importar quien los ofrece. Por lo general los trabajadores de servicios no diferenciados ganan igual o por debajo del lo que hoy llamamos vulgarmente sueldo mínimo”, explicó.

Señaló que este segundo grupo es el que se ve afectado por la existencia del sueldo mínimo, porque el Gobierno está prohibiendo que estos trabajadores compitan con mejores precios, ya que los que poseen pocas habilidades son menos productivos porque sus servicio laborales no son diferenciados. “¿Qué pasa si la productividad de uno es menor al sueldo mínimo?”, se pregunta y responde él mismo que “el Gobierno prácticamente está diciendo que los trabajadores con pocas habilidades laborales no tienen derecho a trabajar porque su productividad no alcanza el sueldo mínimo”, considera.

Muñoz indicó que las políticas publicas normalmente son hechas en base a fundamentos políticos y no económicos. Además que las propuestas de sueldos mínimo son siempre arbitrarias hechas por “burócratas disfrazados de santos y no pasan el más mínimo test de fundamentos económicos”.

El economista explicó que al eliminar se podrá establecer los precios con el libre mercado, comparando con el precio del tomate, que no es fijado por el Gobierno, sino por el mercado en sí. “Acá existe un analfabetismo económico por las condiciones que ya sabemos cuáles son”, dijo en otro momento.

Al consultársele qué pasará al registrarse poca oferta laboral, dijo que ese no es el punto central porque el debate gira entorno a que si una persona quiere trabajar pero no tiene las condiciones necesarias lo podría hacer por menos del salario mínimo. Indicó que en Suiza existe una experiencia similar. Así también figuran los países Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia.

“Sería lo mejor que se pueda aplicar porque va a sacar por docenas a las personas. Por populismo y analfabetismo económico (no se plantea esto). Yo he asesorado a varios legisladores, pero el analfabetismo es gigantesco, imaginate que está Carlos Portillo en la Cámara de Diputados”, lanzó.

Así también indicó que difiere con el pensamiento del ministro Santiago Peña porque no vive del Estado. “Hay dos tipos de economistas hoy en día: los kaynesianos como Peña y (Dionisio) Borda que le dicen al político que ellos son una extensión de Dios y que todos los problemas son fáciles de solucionar con la intervención del Estado. Estos son de los peores economistas porque le dan al político lo que quieren. El populismo emana de ellos. En cambio yo soy un economista libertario; me dedico a los análisis de inversión en el sector privado, no vivo del Estado. Y yo argumento que el Gobierno no es la solución a los problemas, el Gobierno es el problema. La intervención del Estado en la economía es el problema”, puntualizó.

El economista compartió esta opinión en su blog personal y podés leerlo acá.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.