El congresista estadounidense Raja Krishnamoorthi presentó ante su estamento legislativo la propuesta de destinar un stock de 40 millones de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 a países que más precisan de los inoculantes.

“Querido congresista, agradecemos su iniciativa. Me comuniqué con su oficina hoy. Hablemos para evaluar la inclusión de Paraguay como beneficiario, considerando que tenemos la tasa de vacunación más baja de la región. Respaldaremos su iniciativa en la Cámara Baja de Paraguay esta semana”, escribió este domingo el diputado por el partido Patria Querida Sebastián García en su cuenta de Twitter.

PROPUESTA DE PARAGUAY

El proyecto de resolución a ser presentado por el diputado busca “Declarar de interés la iniciativa del legislador estadounidense Raja Krishnamoorthi de destinar vacunas disponibles no utilizadas por su país a terceros países e insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos de América para ser parte de la iniciativa y recibir dichas vacunas”.

El documento señala que estas vacunas no utilizadas en los Estados Unidos pueden ser útiles en Paraguay. En ese sentido, se solicita que se articulen los mecanismos a través de la Cancillería Nacional para manifestar la intención de ser beneficiarios, tanto a los Estados Unidos como a otros países que estarían en la misma situación de registro de excedente de vacunas a fin de obtenerlas.

“OTROS PAÍSES NECESITAN LAS VACUNAS DESESPERADAMENTE”

“Necesitamos liberar nuestra reserva de vacunas AstraZeneca sin usar ahora. Solo en la India, se informaron hoy casi 350.000 casos de COVID-19. Cuando las personas en la India y en otros lugares necesitan ayuda desesperadamente, no podemos dejar que las vacunas se queden en un almacén, debemos llevarlas donde puedan salvar vidas”, declaró el congresista Krishnamoorthi.

Específicamente, la propuesta del legislador estadounidense llama al presidente Joe Biden a remitir las dosis que sobran de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a países que están experimentando masivos y mortales contagios del COVID-19.

El documento presentado ante el Congreso de los EEUU señala que existen cerca de 40 millones de dosis de la AstraZeneca que no se están usando localmente. “En el sentido de detener la propagación del virus internacionalmente y proteger la salud pública y a nuestra economía internacional, necesitamos soltar estas dosis. Respetuosamente llamo a la administración del presidente Joe Biden a enviar estas millones de dosis a países que más están siendo golpeados por la expansión del COVID-19, incluido India, Argentina y otros potenciales países en la misma situación”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.