En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el doctor Tomás Mateo Balmelli se refirió a la polémica publicación del Fondo Ruso, que comunicó una eficacia del 93,5% de su primera dosis de Sputnik en Paraguay.

Al respecto indicó que el Ministerio de Salud del Paraguay proporcionó a Rusia tres o cuatro variables para que llegue a esa conclusión. Detalló que estas variables son la lista de los 320.000 vacunados, el seguimiento de cuáles de ellos luego dieron positivo vía el 154 y cuáles se internaron mediante el SEME.

Sin embargo, Balmelli fue categórico al afirmar que no se hizo un ensayo clínico, no fue monitoreado, no se hizo una trazabilidad y que esta conclusión puede verse afectada por muchísimas otras variables que no se tuvieron en cuenta.

“No tiene ningún rigor científico, eso no significa que una vacuna con monodosis no sea efectiva, sino que este análisis hecho por Rusia no tiene ninguna validez. Esto sucede lo mismo con la Ivermectina que no tiene un sustento científico. Para que se haga un buen ensayo clínico, se debe formar el grupo a ser analizado y se compara con otro grupo que recibe el placebo”, dijo.

Sostuvo que ahora recién se enteró que la Sputnik Light posee el mismo componente que el primer componente de las dos dosis. “Hay conflicto de intereses, cada farmacéutica cree que su vacuna es la mejor. Estamos ante la opinión sesgada del laboratorio que la produce por el motivo de la confidencialidad. Nosotros desconocemos de qué se hacen las vacunas, solo sabemos lo que informan los laboratorios”, agregó.

Por otro lado Balmelli sostuvo que el Ministerio de Salud debe mostrar los documentos y decir quién fue la persona que otorgó los datos a Rusa. A su parecer, las autoridades sanitarias se equivocaron al exponer los datos parciales, porque creó confusión, inestabilidad y tumulto, lo cual termina con que la gente no vaya a completar su inmunización. Aseguró que primero debieron hacer un ensayo clínico para corroborar o descartar la hipótesis que dio a conocer Rusia ayer.

Por su parte, el doctor Rodrigo González, experto en microbiología de la Universidad de Harvard, sostuvo que los datos son meramente anecdóticos porque no hay evidencia científica y primero deben publicarse oficialmente en una revista especializada para que sean tomados en serio.

“Para mí, esto debe verse con escepticismo”, indicó el entrevistado de Gen.

Según González, las variables que deben tenerse en cuenta en un ensayo son los números de pacientes analizados, sus distribuciones según edades, condiciones clínicas, entre otros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.